Repsol y el fondo de inversión Texas Yale Capital Corp. piden al gobierno de Argentina que haga una oferta económica firme por el 51% de YPF expropiado a la empresa española según una ley aprobada en el país sudamericano.

Además, los demandantes exigen una compensación económica no especificada por el desplome de las acciones de Repsol y de YPF tras el anuncio de expropiación realizado por la presidenta Cristina Fernández un mes atrás.

La demanda, de tipo colectivo ya que pretende agrupar a cualquier inversionista afectado, se presentó en Nueva York.

Al margen de esta demanda en los tribunales de Estados Unidos, Repsol había notificado previamente a Argentina que elevará la expropiación de YPF al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, una institución creada para dirimir disputas entre gobiernos que intenta brindar seguridad jurídica a los flujos de inversión internacionales.

Hollande, de 57 años, fue elegido para un período de cinco años en los comicios de principios de mes en los que los votantes echaron de la presidencia a Nicolas Sarkozy, quien no logró la reelección. Sarkozy fue presidente sólo un mandato.

Horas después, Hollande viajará a Berlín para reunirse con la canciller alemana Angela Merkel a fin de analizar asuntos cruciales, como las medidas de austeridad y el crecimiento en Europa.

Hollande llegó al palacio del siglo XVIII, la residencia tradicional del presidente francés, a las 10 de la mañana y fue felicitado por el presidente saliente Nicolas Sarkozy en la alfombra roja del Palacio del Elíseo.

Luego de una reunión privada de 40 minutos con Sarkozy, Hollande fue declarado presidente después de que el líder de la corte constitucional leyera los resultados finales de la elección del 6 de mayo.

En su primer discurso presidencial, Hollande prometió pelear contra la especulación financiera y “abrir un nuevo camino” en Europa, pero reconoció que heredó una gran deuda gubernamental. El nuevo mandatario se opone a las medidas de austeridad promovidas por Alemania en medio de la crisis de deuda europea y quiere, en cambio, estímulos gubernamentales.

Hollande también prometió darle “dignidad” al papel presidencial —algo que los votantes creen que Sarkozy no logró siempre.

Entre los invitados a la ceremonia estuvo la élite política de la izquierda en Francia, el principal rabino francés, el líder de un grupo que abarca las organizaciones musulmanes de Francia, la hija de la señora del finado presidente Francois Mitterrand y un cúmulo de figuras culturales.

Hollande recibió la insignia de la Gran Cruz de manos del general Jean-Louis Georgelin, que encabeza la prestigiosa Legión de Honor, y el collar de Gran Maestro de la Orden de la Legión de Honor. Cada eslabón del collar ostenta el nombre de un presidente, con el de Hollande recientemente agregado.

Sarkozy abandonó el palacio de la mano con su esposa Carla Bruni-Sarkozy, tuvo un último apretón de manos con Hollande en las escaleras del palacio, y luego partió. Los ex trabajadores de Sarkozy en la presidencia aplaudieron desde el patio cuando el ex presidente se iba.

Imagen: El nuevo presidente de Francia Francois Hollande pronuncia su discurso después de la ceremonia de entrega del mando en el Palacio del Elíseo en París el martes 15 de mayo del 2012. (Foto AP/Remy de la Mauviniere, Pool)

La nacionalización de YPF, privatizada en la década de 1990, fue aprobada con 207 votos a favor, 32 en contra y seis abstenciones luego de dos días de arduo debate en la cámara baja.

La iniciativa, impulsada por el gobierno y duramente cuestionada por España y la Unión Europea, había logrado el aval del Senado hace una semana, también con el respaldo de la mayoría de los partidos.

En su artículo más relevante, la ley declara “de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A., sus controlantes o controladas en forma directa o indirecta”.

Repsol tenía en su poder el 57.43% de las acciones de YPF.

Está previsto que la presidenta ponga en vigencia la ley el viernes en un acto en la Casa de Gobierno.

A partir de este momento, del total de acciones expropiadas el 51% quedará bajo control del Estado nacional y 49% se distribuirá entre las provincias productoras de petróleo. Repsol conservará un porcentaje minoritario.

Para justificar la expropiación, el gobierno ha sostenido por un lado la necesidad de lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos a fin de sostener el crecimiento económico, y también acusó a Repsol de no invertir lo suficiente y haber girado excesivos dividendos al exterior, lo cual niega la compañía.

Agrupaciones kirchneristas movilizadas frente al Congreso celebraron, junto al vicepresidente Amado Boudou y otros funcionarios, la sanción de la ley bajo una lluvia de fuegos artificiales y consigas contra los que no acompañaron el proyecto.

“La verdad que estamos muy contentos…(con) la norma que hoy se va a aprobar en el Parlamento Argentino, que es la recuperación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que realmente también nos va a exigir un gran desafío”, dijo la presidenta Fernández durante un acto horas antes de la votación en la cámara de Diputados.

Agregó que “no hubo otra salida que volver a recuperar ese instrumento de decisión nacional estratégico” porque el país se había convertido en 2011 “importador neto” de combustibles.

“Esta decisión también va a exigir por parte de todos los argentinos, y específicamente de aquellos que tenemos responsabilidades institucionales, sean oficialistas u opositores, el desafío de una YPF moderna, competitiva, alineada con los intereses del país”, destacó Fernández.

España, el principal inversionista extranjero en Argentina, calificó la decisión como “discriminatoria” y en represalia canceló la importación de biodiésel, con lo cual el país sudamericano perderá un ingreso de 800 millones de dólares.

Al mismo tiempo la Unión Europea evalúa suprimir las ventajas arancelarias a determinados productos argentinos que entran en el mercado comunitario y que no expiraban hasta 2014. También se pretende marginar a Argentina de la negociación de un acuerdo comercial con el bloque del Mercosur.

Mientras Repsol sostuvo que invirtió más de 20,000 millones de dólares entre 1999 y 2011 en YPF, el gobierno argentino respondió que esa cifra no se ajusta a la realidad.

La compañía española si bien admitió una merma en la producción de gas y petróleo, aseguró que ésta fue menor a la de otras petroleras que operan en el país.

El oficialismo contó en la votación con el apoyo de la mayoría de las fuerzas opositoras, que igualmente dejaron sentada su disconformidad con la política energética llevada adelante por el gobierno y expresaron sus reparos sobre el futuro de YPF.

“Si Repsol hizo lo que hizo, fue con el acompañamiento y complicidad del gobierno. ¿No veían lo que estaba pasando los representantes del Estado en el directorio?”, manifestó el diputado Ricardo Gil Lavedra, jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), la principal fuerza opositora en el parlamento.

“La UCR se encuentra ligada en su propia historia a YPF. Nosotros la creamos, no somos incoherentes…El proyecto del gobierno es muy objetable desde muchos ángulos (pero) coincidíamos en una aspecto central: la conveniencia de que el país tuviera una petrolera estatal o con mayoría estatal”, agregó para justificar el voto a favor de su partido.

Agustín Rossi, líder del oficialista Frente para la Victoria, se preguntó “¿por qué Repsol no invertía en Argentina?. Porque el gobierno le decía ‘no más de 50 dólares el precio del barril’ y Repsol nos contestaba: ‘van a tener desabastecimiento’ y muchas veces nos desabastecía”.

El canciller español José Manuel García-Margallo advirtió el jueves que si Argentina decidió expropiar, deberá pagarle a Repsol “un precio justo”.

“Uno elige las opciones económicas y políticas que quiere, pero hay que pagar lo que es de otros”, sostuvo.

El precio de los bienes de Repsol sujetos a expropiación será determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. La petrolera española los ha fijado en 10,500 millones de dólares, aunque el gobierno argentino dejó entrever que no pagará esa suma.

En Washington, el portavoz del Departamento de Estado Mark Toner dijo el jueves que estas acciones contra inversionistas extranjeros “afectan el clima de inversión y esa es nuestra preocupación”.

El portavoz de la todavía Repsol YPF Kristian Rix dijo que la compañía “se reserva el derecho a emprender acciones legales frente a cualquier inversionista en YPF o sus activos tras una expropiación ilegal”.

Repsol descubrió una enorme yacimiento de gas no convencional en la zona de Vaca Muerta, en la provincia argentina de Neuquén, que podría incrementar las reservas del país en al menos 750 millones de barriles.

Los expertos consideran que Argentina necesitará abundante inversión extranjera para explotar el yacimiento.

Mientras, el gobierno español moderó el tono de su discurso y explora vías de presión diplomática internacional sin necesariamente airearlas en los medios de comunicación.

En ese sentido, el canciller José Manuel García-Margallo expuso el contencioso entre los dos países a sus colegas de la Unión Europea en Luxemburgo, donde los ministros de Relaciones Exteriores del bloque mantuvieron una reunión ordinaria.

García-Margallo dijo haber recabado un amplio apoyo de sus socios y admitió que, sobre las sanciones que se barajan, está la de suprimir las ventajas arancelarias a determinados productos argentinos que entran en el mercado comunitario y que no expiraban hasta 2014.

Además, sugirió que la Unión Europea podría “abrir una reflexión” sobre si es posible marginar a Argentina de la negociación de un acuerdo comercial con el bloque del Mercosur o hacerlo por separado con Brasil, Uruguay y Paraguay.

El canciller español centró su discurso ante los medios en exigir a Fernández que pague a Repsol el valor del 51% de YPF, la cantidad del paquete accionarial a expropiar según el proyecto argentino, que la petrolera cifró en 10.500 millones de dólares.

El gobierno de Fernández ha dejado entrever que no pagará esa suma, mientras evalúa el precio de la compañía, que será fijado por un tribunal de tasación argentino.

García-Margallo habló por primera vez en varios días de diálogo y negociación. Aseguró que España no discute la “soberanía energética” de Argentina y calificó lo ocurrido con YPF como un “bache” en las relaciones bilaterales “que está deseando superar”.

“Las medidas de respuesta pretenden que Argentina encuentre un interés en llegar a un acuerdo dialogado y negociado con España sobre la tasación (de YPF) y evitar quedarse aislada del mundo”, afirmó el canciller en rueda de prensa.

Una semana después del anuncio de expropiación hecho por Fernández, la única medida concreta adoptada por España en respuesta fue la de cancelar la importación de biodiésel del país sudamericano. Lo que supondrá a Argentina dejar de ingresar unos 800 millones de dólares.

Por JORGE SAINZ

El Parlamento también instó a la UE a buscar la “posible suspensión parcial de las preferencias arancelarias unilaterales” como una forma de castigar a cualquier país que pretenda nacionalizar los activos de una empresa europea.

Argentina dijo que toma la medida — mediante la cual se asegura el control del 51% de YPF, y deja a Repsol con una participación del 6% — porque Repsol no ha invertido lo suficiente en la industria petrolera del país.

En Argentina, el apoyo a la expropiación de la antigua empresa estatal YPF es tan profundo que incluso el ex presidente Carlos Menem. Menem, que ahora es senador, dijo que votará a favor de la renacionalización la próxima semana, aunque sabe que muchos lo van a criticar. Durante su mandato como presidente entre 1989 y 1999, Menem vendió muchas empresas estatales en una ola de privatizaciones. Pero señaló que Repsol sacó del país todas sus ganancias y no invirtió nada en Argentina.

Repsol y España han criticado la renacionalización argentina de YPF, a la que han calificado como un “pillaje” flagrante y un ataque contra sus intereses. El director ejecutivo de la compañía, Antonio Brufau, dijo a la prensa el miércoles que YPF vale 18,300 millones de dólares, y que él valoraba la participación de Repsol en 10.500 millones de dólares.

El ministro argentino de Planificación, Julio de Vido, por su parte, tuvo una reunión el viernes con funcionarios brasileños para discutir la medida, y dijo a periodistas que a su país le gustaría que Brasil incrementara su cuota en el mercado argentino del 8 al 15%. También dijo que los activos del gigante petrolero estatal brasileño Petrobras no serán expropiados.

El ministro de Energía brasileño, Edison Lobao, dijo que Petrobras invirtió 500 millones de dólares en Argentina el año pasado, y planea invertir una cantidad igual este año porque “es un buen negocio” para la compañía petrolera.

El Parlamento Europeo calificó la renacionalización como “un ataque contra el ejercicio de la libre empresa y el principio de seguridad jurídica” que afectó el clima de inversión en Argentina.

La resolución, respaldada por los principales partidos en la legislatura con sede en Estrasburgo, también pide a la Comisión Europea abordar el tema en la OMC y el G20 y explorar medidas para proteger mejor los intereses de la UE en el futuro.

El grupo de las 20 potencias industrializadas celebra una cumbre en junio en México que podría poner cara a cara por primera vez a la presidenta argentina Cristina Fernández y al jefe de gobierno español Mariano Rajoy.

España es el principal inversionista extranjero en Argentina, por encima de Estados Unidos. La inversión española directa en Argentina sumó 23,000 millones de dólares en el 2010.

Mientras, en el frente diplomático, el canciller José Manuel García-Margallo convocó al embajador de Argentina en Madrid, Carlos Bettini, para hacer constar la protesta del gobierno español. Y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón calificó como “un error político extraordinario” la decisión de Argentina y reiteró que habrá una respuesta contundente “a través de organismos internacionales” y en sus relaciones bilaterales.

Un día después de la intervención de la compañía y el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de un proyecto para tomar el control del 51% de YPF, las acciones de Repsol se desplomaban un 6,5% en la Bolsa de Madrid a media sesión.

En una multitudinaria rueda de prensa, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, cargó duramente contra Fernández, a la que acusó de manipular cifras, tomar la compañía para tapar su crisis social y crear una ley “discriminatoria”, que declara los hidrocarburos de interés nacional, pero sólo retira a la española del accionariado de YPF.

“Somos una compañía española y a lo mejor dan ganas de bronca”, dijo Brufau.

Brufau aseguró que utilizarán “todas las medidas legales a su alcance” con demandas individuales y colectivas —con pequeños accionistas— de carácter laboral, civil, mercantil, administrativo y constitucional.

De acuerdo con los acuerdos bilaterales entre España y Argentina, Repsol podría acudir a sendos tribunales en Naciones Unidas y el Banco Mundial, una vez las cámaras argentinas aprueben la ley de expropiación.

“La batalla va a durar mucho”, advirtió. “La batalla no está perdida y los dineros que hay que poner en este sector son muy importantes”.

En ese sentido, exigió una “compensación” justa y pronta. Según la compañía, el valor actual de YPF es de 18.300 millones de dólares, de los que 10.500 millones corresponderían a Repsol en función del 57,4% de las acciones que controla.

Sin embargo expresó sus dudas sobre la imparcialidad del tribunal de tasación, que según el proyecto de Fernández, debe cifrar el valor de la compañía.

Brufau acusó a Fernández de orquestar una campaña con la retirada de concesiones a YPF a través de las provincias para desplomar el valor de la empresa. También aseguró que la nacionalización estaba decidida desde hace tiempo para ocultar la crisis socioeconómica del país.

“A través de levantar la bandera de la expropiación y buscar un responsable en YPF se oculta la realidad”, aseguró. “Solo es una forma de tapar la crisis social y económica que está enfrentando Argentina”.

Entre las razones de la expropiación, Brufau señaló como clave el yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, descubierto por YPF, cuya explotación, aunque costosa, equivale a 22.807 millones de barriles de petróleo.

Además, Brufau acusó a las autoridades argentinas de invocar una ley de la dictadura militar en el país sudamericano para irrumpir el lunes en la sede de YPF en Buenos Aires y expulsar a los directivos españoles, cuando Fernández todavía hablaba en televisión sobre el proyecto.

“El comportamiento con nuestros directivos y empleados fue patético y vergonzoso”, aseguró Brufau.

Fernández acusó a YPF de no realizar las inversiones necesarias. Además, reprochó a la compañía no haber hecho inversiones en relación a los millonarios dividendos de las ganancias repartidos entre sus accionistas. Sostuvo que “la utilidad neta (de YPF) entre 1999 y 2011 ha sido 16.450 millones de dólares y los dividendos pagados han sido de 13.246 millones de dólares”.

En una larga exposición, Brufau acusó a Fernández ser una “experta en manipular”. El máximo responsable de Repsol dijo que desde la compra de YPF en 1999, Repsol invirtió en el país 20.000 millones de dólares y que actualmente YPF representa el 34% de producción de petróleo de la nación.

Sobre los dividendos, afirmó que siempre contaron con el beneplácito del representante del gobierno en la compañía y que son los beneficios habituales para una empresa privada que en 1999 invirtió 15.005 millones de dólares en la compra de YPF.

Brufau agradeció el apoyo del gobierno español, que todavía no ha anunciado en qué consistiría la “respuesta contundente” que piensa dar a Argentina.

Esa respuesta deberá medir también los intereses del resto de empresas españolas que siguen operando en el país sudamericano, desde bancos como el Santander y el BBVA, hasta la telefónica Movistar.

España es el primer inversor extranjero en Argentina por delante de Estados Unidos.

La inversión directa de España en el país sudamericano alcanzó los 23.242 millones de dólares en 2010, un 26,3% del total con respecto al 16,8% de Estados Unidos, según datos del Banco Central de la República Argentina.

El canciller José Manuel García-Margallo afirmó que la decisión, anunciada por la presidenta Cristina Fernández el lunes, quiebra el clima de cordialidad y amistad que tradicionalmente ha presidido relaciones entre Argentina y España.

García-Margallo aseguró que las medidas se anunciarán próximamente tras consultar con sus aliados de la Unión Europea.

Además, el ministro de Industria, José Manuel Soria, reveló que el anuncio rompe un acuerdo verbal alcanzado el 28 febrero entre los gobiernos de ambos países, en el que se comprometieron a solucionar los diferendos sobre YPF “por la vía del diálogo y la negociación”.

Además, Soria dijo que la ley de hidrocarburos anunciada por Fernández es arbitraria, porque no menciona al resto de operadoras petroleras que trabajan en Argentina y únicamente va encaminada a hacerse con el 51% de YPF, en manos de la española Repsol.

Soria y García-Margallo comparecieron en rueda de prensa tras entrevistarse de urgencia con el presidente español Mariano Rajoy.

Imagen: El público llena los tanques de gasolina de sus vehículos en una estación YPF de Buenos Aires, la capital de Argentina, el jueves 12 de abril del 2012. El gobierno español convocó el viernes al embajador de Argentina en España, Carlo Antonio Bettini, para interesarse por los rumores de expropiación de YPF, propiedad de la petrolera española Repsol. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

“Tenemos pruebas contundentes de que ellos atacaban las páginas (web) del Estado”, aseguró el fiscal Germán Vásquez, del departamento de delitos de alta tecnología de la procuraduría de Santo Domingo.

Aseguró que los detenidos, de entre 17 y 23 años, intervinieron las páginas de la Presidencia, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y del ministerio de Educación.

“Inhabilitaban a esas páginas y eso generaba pérdidas millonarias”, aseguró Vásquez en referencia a los supuestos daños provocados a la DGII.

El funcionario no detalló con precisión cuáles serán los cargos contra los supuestos ciberpiratas, detenidos el domingo en Santo Domingo y en la ciudad de Santiago.

“No hay una sola prueba ni contundente, ni importante, que determine que estos muchachos hayan ingresado ni a la página de Impuestos Internos ni a la de la Presidencia”, aseguró Carlos Guerrero, uno de los abogados del grupo.

Alberto Pérez, también abogado de los implicados, explicó que sus clientes forman parte de “Anonymous”, “pero es un asunto de jóvenes que se agrupan para protestar por ciertas cosas”, pero “no han hackeado ninguna página”.

El autodenominado grupo “RDAnonymous” ha hecho varios llamados para atacar sitios web gubernamentales, como el Ministerio de Educación, ante la negativa del gobierno de destinar al menos 4% del Producto Interno Bruto a la educación.

Aunque los seis implicados fueron presentados el lunes ante un tribunal para que formalizara la prisión preventiva, la jueza aplazó la audiencia para el martes dado que dos de los acusados son menores de edad y por ello deben ser juzgados por un tribunal especial y con un expediente separado.

El fiscal Vásquez adelantó que solicitará prisión preventiva para los cuatro mayores de edad a fin de que permanezcan en la cárcel al menos tres meses mientras continúan las investigaciones.

La Fiscalía indicó en el expediente que en el momento de las detenciones, uno de los jóvenes portaba un narcótico y otro llevaba un arma de fuego sin permiso.

Universal Music, propiedad del conglomerado de medios francés Vivendi SA, anunció en noviembre que comprará la división de música grabada de EMI por 1,900 millones de dólares. A la vez, un consorcio encabezado por Sony/ATV de Sony Music dijo que pagará 2,200 millones por la división de producción de EMI.

El acuerdo enfrenta la oposición total de rivales como Warner Music y compañías disqueras independientes, que temen que Universal y Sony dominen un mercado ya bastante afectado por la descarga ilegal de música en internet.

En un comunicado del viernes, la comisión indicó que esas preocupaciones podrían estar justificadas.

La compra de la división de música grabada de EMI aumentaría el tamaño de Universal casi al doble de su competidor más grande en Europa, dijo la comisión.

Agregó que incluso la amenaza de la piratería musical no parece una restricción considerable para la nueva compañía.

“La adquisición propuesta podría reducir la competencia en el mercado de la música grabada en detrimento de los consumidores europeos”, dijo en un comunicado el comisario de Competencia de la Unión Europea, Joaquín Almunia. “La comisión necesita asegurar que los consumidores sigan teniendo acceso a una gran variedad de música en diferentes formados físicos y digitales en condiciones competitivas”.

Universal dijo que la investigación era previsible. “Seguiremos cooperando totalmente con la comisión y esperamos que se logre una resolución exitosa del proceso”, dijo la empresa en un comunicado.

La comisión tiene plazo hasta el 8 de abril para decidir si aprueba el acuerdo. Si la investigación confirma sus temores, Vivendi, que ya anunció que venderá unos 500 millones de euros (662 millones de dólares) en activos no fundamentales, podría ofrecer la venta de más activos para asegurar el acuerdo.

EMI fue puesta a la venta por Citigroup, después de que el banco ejecutara la deuda de la firma de capital privado Terra Firma, que compró a la disquera por 6,800 millones de dólares en 2007.

La comisión decidirá el 2 de abril si también revisa la parte de Sony del acuerdo.

Por GABRIELE STEINHAUSER