Los tres hermanos mexicanos son del estado de Sinaloa, la cuna del narcotráfico en su país, pero no tienen historial delictivo en México. Fueron arrestados en el 2008 en una aislada fábrica de drogas en Malasia en el 2008 y dijeron que estaban limpiando el lugar, no fabricando drogas.

El juez Mohamad Zawawi Salé, del alto tribunal de Kuala Lumpur, dijo el jueves que la fiscalía había probado el caso más allá de cualquier duda razonable. Los otros acusados en el caso son un malayo y un hombre de Singapur.

“El tribunal falla que los cinco acusados están conscientes y están involucrados en la actividad de producción de drogas”, dijo el magistrado, y añadió que el veredicto deberá ser una advertencia a potenciales narcotraficantes.

El hermano mayor, Luis Alfonso González, dijo: “Estamos muy tristes. pensamos que íbamos a ser absueltos”.

El tribunal había rechazado previamente los argumentos de la defensa de que algunas discrepancias en la evidencia equivalían manipulación, luego que un químico declarase que siete muestras que recibió para análisis parecían diferentes de lo que había visto en la fábrica. La fiscalía negó que hubiese manipulación que minase el juicio.

En la fábrica donde los hombres fueron arrestados, la policía confiscó más de 29 kilogramos (63 libras) de metanfetamina, valorada en 15 millones de dólares.

Los hombres pueden apelar el veredicto.

El juez Zawawi dijo que estaba claro que los hombres habían sido arrestados en un laboratorio ilegal de drogas. Rastros de drogas fueron hallados en sus ropas, y sus argumentos de que estaban limpiando el lugar no eran lógicos porque los rastros fueron encontrados también en la ropa interior, dijo.

Algunos de los familiares de los hermanos, incluyendo dos hermanas y la esposa de uno de ellos, asistieron a audiencias previas, pero no estaban en la corte el jueves.

Los hombres son los primeros mexicanos arrestados en Malasia por cargos de narcotráfico. Ellos trabajaban en la producción de ladrillos en México, y la familia dice que salieron del país para una oportunidad de trabajo en el exterior. Familiares y vecinos insisten en que no había indicios de que estuviesen involucrados en narcotráfico.

Los hombres se veían serenos mientras el juez leyó el veredicto. Van a apelar la decisión, dijo su abogado, Kitson Foong.

Los hermanos — José Regino González, de 33 años; Simón, de 37, y Luis Alfonso, de 44 — fueron enjuiciados junto con Lim Hung Wang, de Singapur; y el malayo Lee Boon Siah.

El gobierno de Malasia dijo el año pasado que había ejecutado a más de 440 personas en los últimos 50 años, muchas de ellas por delitos de drogas, y que unas 700 están ahora en el pabellón de los condenados.

El gobierno mexicano no ha tratado de intervenir en el caso, dijo el cónsul Isidro Alejandro Ortiz Félix, tras asistir a la audiencia del jueves.

México no incluye la pena de muerte en su código penal y se niega a extraditar a sus ciudadanos en el caso de que puedan ser condenados a la pena capital en otro país.

El ex subsecretario, general retirado Tomás Angeles Dauahare, y el general brigadier en activo Roberto Dawe González, fueron remitidos por personal militar al área contra delincuencia organizada de la Procuraduría General de la República (PGR), informó la noche del martes la dependencia federal en un comunicado.

La Procuraduría no reveló los motivos de la detención, aunque un funcionario de la PGR dijo el miércoles a The Associated Press que los dos generales son investigados por delincuencia organizada y sus presuntos vínculos con un cartel de las drogas.

El funcionario, no autorizado a ser identificado por nombre, no mencionó con qué cartel del narcotráfico estarían vinculados.

Dauahare fue nombrado subsecretario de la Defensa Nacional en diciembre del 2006 por el presidente Felipe Calderón y se mantuvo en el cargo hasta 2008, mientras que Dawe era hasta ahora jefe del Estado Mayor adscrito a la 20 Zona Militar con sede en el estado occidental de Colima.

El ejército mexicano ha sido uno de los pilares del gobierno de Calderón en su ofensiva contra el narcotráfico.

Desde que asumió el poder en diciembre de 2006, Calderón ordenó el despliegue inédito de miles de soldados para enfrentar a los grupos del narcotráfico que han asolado diversas partes del país.

Ha sido poco frecuente que militares de alto rango hayan sido detenidos en el país por nexos con el narcotráfico.

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó en un comunicado la retención de los dos generales, aunque tampoco mencionó las razones específicas por las que son investigados.

La dependencia castrense señaló que “de ninguna manera tolera actos contrarios a las leyes, y cuando alguno de sus elementos no se conduce conforme a derecho, sus actos se investigan y en su caso se sancionan con estricto apego a la ley, sin importar jerarquía, cargo o comisión, ya sea que se encuentren en activo o en retiro”.

Uno de los casos anteriores más relevantes de vínculos de militares de alto rango con el narcotráfico ocurrió en 1997 cuando fue detenido el entonces jefe del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien fue sentenciado a 71 años por narcotráfico y cohecho por haber dado información al cartel de las drogas de Juárez.

Actualmente, las autoridades consideran que el cartel de Sinaloa y Los Zetas son los dos mayores grupos del narcotráfico en México y han sido responsabilizados de buena parte de la violencia que afecta a varias partes del país.

La violencia atribuida al narcotráfico y el crimen organizado ha dejado más de 47,500 asesinados desde diciembre del 2006.

Un empleado de la procuraduría del estado de San Luis Potosí dijo que las pancartas, encontradas el martes por la mañana, fueron colgadas de puentes en Ciudad Valles.

El empleado no estaba autorizado a hablar sobre el tema y no ofreció la redacción precisa de los textos.

Los cuerpos fueron encontrados el domingo en el vecino estado de Nuevo León, sin cabezas, manos ni pies. Un grafito en un muro cercano decía “Z 100%”, pero pudo haber estado allí mucho antes de que los cuerpos fueran abandonados.

El secretario de Gobernación de México, Alejandro Poiré, dijo el lunes en rueda de prensa que una feroz batalla entre los dos carteles de las drogas más grandes ha provocado las recientes masacres que han sacudido al país, incluida la de las 49 personas en Nuevo León.

Esta “violencia irracional”, agregó, se originó en la alianza que hizo el cartel de Sinaloa, considerado uno de los más poderosos del mundo, con el del Golfo para enfrentar a sus rivales de Los Zetas.

En la primera quincena de mayo otras dos masacres sacudieron al país, primero en la ciudad fronteriza norteña de Nuevo León cuando fueron localizados 23 cuerpos (nueve colgados y 14 decapitados) y después con el hallazgo en el estado occidental de Jalisco de 18 personas desmembradas.

La violencia atribuida al narcotráfico y el crimen organizado ha dejado más de 47,500 muertos desde diciembre de 2006, cuando el gobierno del presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva contra los carteles de las drogas.

Las cifras oficiales sólo contabilizan hasta septiembre de 2011, por lo que organizaciones civiles señalan que el número de asesinados supera los 50,000 hasta ahora.

Esta mañana se reforzó la vigilancia en el territorio con personal policiaco mientras comienzan las pesquisas, y expertos en medicina forense levantan los cuerpos.

Se desconoce la identidad de las víctimas y en estos momentos las autoridades llevan a cabo las investigaciones correspondientes, abundó la dependencia.

La Procuraduría de Justicia del estado informó en un comunicado que la policía encontró los cuerpos desmembrados y con marcas de tortura de cuatro personas en Boca del Río, en la zona metropolitana del puerto de Veracruz, uno de los cuales fue identificado como Guillermo Luna Varela, fotógrafo de veracruznews.com.mx., una agencia de noticias local. Su pareja sentimental fue identificada por familiares como otra víctima del crimen.

Otra de las víctimas fue Gabriel Huge, que según la autoridad “se dedicaba a actividades particulares”, aunque hasta el 2011 trabajó como fotógrafo del diario Notiver.

La Procuraduría estatal dijo que también localizó el cuerpo de Esteban Rodríguez, y agregó que fue fotógrafo hasta agosto de 2011.

Por las características de los homicidios “se presume la participación de la delincuencia organizada”, informó la fiscalía en el comunicado aunque no dio más detalles.

Los cuerpos fueron hallados el jueves envueltos en bolsas plásticas en un canal de agua, cuando se celebra el Día Internacional de Libertad de Prensa.

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) condenó los asesinatos de los fotoperiodistas que consideró refleja la “crisis” que vive el país.

“Veracruz ha visto una ola de violencia letal contra la prensa que está sembrando el miedo y la autocensura, señaló Carlos Lauría, de CPJ, con sede en Nueva York.

El hallazgo ocurrió cinco días después de que autoridades estatales localizaron el cuerpo de Regina Martínez, corresponsal de la revista mexicana Proceso, en lo que las autoridades creen fue un homicidio que provocó la indignación de diversos sectores en el país.

Veracruz ha sido uno de los estados más afectados en años recientes por la violencia del narcotráfico.

En 2011 fueron asesinados otros dos periodistas en ese estado costero, ambos del diario Notiver.

El director de veracruznews.com.mx, Martín Lara, dijo a The Associated Press vía telefónica que Luna era fotógrafo de la sección policiaca y lo describió como “un joven tranquilo” y “un buen muchacho”.

Dijo que recientemente no supo si Luna había recibido alguna amenaza, pero refirió que en el 2011 sí había sido intimidado al punto que abandonó el estado y dejó de trabajar por algunos meses en la agencia.

“El año pasado sí tuvo una amenaza y se tuvo que ir”, dijo Lara, aunque aseguró no conocer más detalles.

Añadió que la última vez que se le vio a Luna fue el miércoles por la tarde.

Lara dijo que Huge trabajó en Notiver hasta el año pasado.

La prensa en México, incluida la que reporta en Veracruz, ha visto crecientes ataques, algunos de los cuales se estima han procedido de grupos criminales.

En julio de 2011 la periodista Yolanda Ordaz de la Cruz, reportera de asuntos policiales del diario Notiver, fue encontrada degollada.

Un mes antes fue asesinado a tiros otro periodista de Notiver, Miguel Angel López Velasco, columnista y subdirector editorial del diario. Murió acribillado junto con su esposa y uno de sus hijos.

Veracruz se ha visto impactado por diversos hechos violentos, entre ellos asesinatos, que las autoridades han atribuido a disputas violentas entre grupos rivales del narcotráfico, incluidos Los Zetas y el llamado Cartel Jalisco Nueva Generación, que se cree está alineado con el poderoso cartel de Sinaloa.

Organismos como la ONU y la OEA consideran a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente americano.

El proyecto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), registrado en los planes de inversión de 2012 ante la autoridad hacendaria, señala que el “Memorial del ejército y fuerza aérea mexicanos” se erigirá en el campo deportivo militar Marte de la ciudad de México y constará de un cañón y un espejo de agua.

Con un costo toral de 13.8 millones de pesos (un poco más de un millón de dólares), el ejército tiene planeado concluir el memorial en diciembre.

En placas que serán colocadas en el cañón se grabarán los nombres de los militares caídos en el combate al crimen organizado.

El vocero de la Sedena, general Ricardo Trevilla, dijo en marzo a periodistas que 130 militares habían muerto sólo en enfrentamientos con presuntos miembros del crimen organizado ocurridos desde que inició el gobierno del presidente Felipe Calderón.

Apenas asumió el poder, Calderón lanzó una ofensiva contra los carteles de las drogas que incluyó el despliegue inédito de militares y marinos frente a la incapacidad de policías locales para hacer frente a la espiral de violencia desatada por narcotraficantes.

Las fuerzas armadas se han convertido en un pilar de la estrategia oficial contra el narcotráfico, aunque también han sido blanco de señalamientos de abusos por parte de organismos civiles nacionales e internacionales.

La Sedena señaló en el proyecto que el memorial tiene como propósito “honrar la memoria del personal militar que ha ofrendado su vida en la lucha contra la delincuencia organizada, contribuyendo con ello a elevar el amor patrio y la moral del personal militar”.

Unos 45,000 militares y otro número no especificado de marinos permanecen desplegados a diario en diversas zonas del país para enfrentar al crimen organizado.

La violencia atribuida a la delincuencia organizada ha dejado más de 47,500 muertos desde diciembre de 2006.

México acudirá a las urnas el 1 de julio para elegir nuevo presidente. Los candidatos se han manifestado por cambiar la estrategia de combate al crimen organizado, aunque han coincidido en que mantendrían a las fuerzas armadas en las calles mientras se fortalecen las capacidades de las policías.