Vestidos de negro y algunos levantando pancartas en que se leía “Si nos callan, te callan”, cerca de un millar de comunicadores, estudiantes y políticos opositores al gobierno, caminaron por una céntrica calle comercial hasta cerca de la Presidencia.

“La marcha tiene el objetivo de exigir respeto por la dignidad de todos los periodistas panameños, después de dos años que han sido muy difíciles para el periodismo nacional”, dijo a The Associated Press la presidenta del Colegio de Periodistas, Grisel Bethancourt. “Se ha vivido una situación tensa con este gobierno”.

Detalló que el colegio aglutina a más de 600 periodistas a nivel nacional.

El mandatario recibió a los dirigentes del gremio al final de la marcha.

“La reunión fue altamente positiva”, aseguró telefónicamente a la AP el secretario de Comunicación de la Presidencia, Luis Eduardo Camacho. “Como gobierno mantenemos y reiteramos nuestro compromiso con la libertad de información y con el libre ejercicio del periodismo”.

Sin embargo, el portavoz presidencial también pidió respeto a la prensa.

La protesta se produjo luego de un reciente incidente entre Martinelli y un periodista de la televisión local durante una rueda de prensa convocada por el gobierno para rechazar supuestos sobornos de parte de un empresario italiano, arrestado recientemente.

Ante un cuestionamiento, el mandatario mencionó al periodista un problema personal y de salud que había padecido, lo que los gremios periodísticos calificaron como una humillación al comunicador.

Martinelli admitió la noche del lunes que no debió reaccionar de esa manera y ofreció una disculpa.

Los manifestantes también protestaron por el proceso judicial por calumnia e injuria que se le sigue a tres periodistas del canal 2 o TVN por informar sobre un supuesto caso de corrupción en el que se vio involucrado un miembro de la Policía Nacional.

“Están siendo llevados (en alusión a los periodistas) a juicio como si hubiesen cometido un delito; eso es aberrante a estas alturas de la vida”, se quejó el director de noticias de TVN, Guido Rodríguez.

En Panamá, la calumnia e injuria es considerado un delito por las leyes penales y se castiga con multas.

“Seguimos corroborando que el narcotráfico ha variado no sólo las formas sino también las rutas”, afirmó el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, durante la apertura de la estación aeronaval.

Apuntó que pandilleros y narcotraficantes han buscado esconderse en pueblos del interior cuyos habitantes se ven afectados por las actividades delictivas.

La estación fue instalada en el Puerto de Mensabé, en la central provincia de Los Santos, a 320 kilómetros al oeste de la capital. Es un poblado costero de pescadores en la península de Azuero.

“En toda la línea costera de nuestro país están identificadas muchas rutas (para el trasiego de drogas). Esta es una de ellas”, dijo a The Associated Press el subcomisionado Osvaldo Ureña, del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

“En todo lo que es la costa de Azuero hay diferentes puntos en donde ya tenían por costumbre estos individuos a realizar estas acciones para el desembarco de estupefacientes”, subrayó.

Precisamente en febrero pasado, el SENAN decomisó 1.300 kilos de cocaína en la localidad costera de Punta Mariato, en la península de Azuero, en la provincia de Veraguas. La droga era transportada en una lancha que había salido del puerto colombiano de Urabá, dijo el director del SENAN, Belsio González.

Sobre la península “dos o tres veces al mes hacen incursión estos narcoterroristas del hermano país de Colombia”, apuntó.

La base compartirá operaciones con otras tres estaciones instaladas por el gobierno en el Pacífico: la de Piña en la provincia de Darién, fronteriza con Colombia; la de La isla Chapera en el archipiélago de Las Perlas en el provincia de Panamá y con otra en isla Coiba.

“Esta estación forma parte de una estrategia… queremos reforzar todo el país”, enfatizó Mulino al hacer referencia que en el quinquenio de gobierno del presidente Ricardo Martinelli, cuyo mandato concluye en el 2014, se proyecta una inversión en materia de seguridad de al menos 973 millones de dólares.

La estación en puerto Mensabé, cuya inversión inicial fue por el orden de 1.2 millón de dólares, tiene capacidad para albergar a unas 40 unidades por turno. En ella también operaran otras instancias gubernamentales como la de migración, aduanas y la de recursos acuáticos.

El plan de las autoridades para blindar las costas panameñas se complementará con la instalación de radares fabricados en Italia en ambas costas y con el patrullaje a través de nuevas lanchas y aeronaves.

Por KATHIA MARTINEZ

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos busca aumentar la eficiencia de la cooperación militar con las naciones centroamericanas para combatir el crimen organizado porque ningún país en el continente tiene los fondos suficientes para librar esa lucha por separado, dijo el martes el comandante del Comando Sur durante una audiencia legislativa.

“Estamos ajustando nuestra estrategia a la realidad de que ninguno de nosotros tiene los recursos suficientes para competir con el nivel de este crimen organizado trasnacional”, dijo el general de la Fuerza Aérea Douglas Fraser al comparecer ante la comisión para fuerzas militares de la cámara baja. “El año pasado el estimado de sus ganancias mundiales fue de 88.000 millones de dólares. En América Central es de 18.000 millones de dólares”.

“Las redes de crimen transnacional amenazan con desbordar la capacidad de las autoridades en algunas de estas naciones centroamericanas”, advirtió. “La violencia continúa aumentando en América Central, y allí es donde nos estamos concentrando”.

Fraser explicó que el cambio de estrategia consiste, en parte, en aumentar la cooperación con otros gobiernos para lograr una presencia más permanente en las zonas de origen y destino de cargamentos de droga en América Central, el Caribe y la región oriental del Pacífico.

Para complementar la estrategia estadounidense de seguridad para América Central, Fraser dijo que su despacho lanzó el 15 de enero la “Operación Martillo” a la que describió como un plan dedicado a interrumpir el tráfico marítimo ilícito en las zonas de origen en América del Sur y en las zonas de llegada en América Central.

A consecuencia de las iniciativas antinarcóticos que Estados Unidos financia en Colombia y México, el crimen organizado ha experimentado un auge reciente en América Central, donde algunos países han alcanzado las tasas de homicidios más elevadas de planeta para regiones sin conflicto bélico.

José Ruiz, vocero del Comando Sur, dijo a AP que esa dependencia militar prevé disminuir 13 millones de dólares cada año desde 2013 hasta 2017, para una reducción total de 65 millones de dólares, con la “intención de reducir costos operacionales, apoyo a los contratistas y gastos redundantes”.

La propuesta presupuestaria que el presidente Barack Obama presentó el mes pasado al Congreso mantiene en 60 millones de dólares los fondos para la Iniciativa de Seguridad de América Central (CARSI por sus siglas en inglés) pero reduce de 30 a 21 millones los destinados a la Iniciativa de Seguridad Regional en la Cuenca del Caribe (CBSI por sus siglas en inglés).

Obama acordó en agosto con legisladores republicanos recortar 487.000 millones de dólares al Departamento de Defensa durante la próxima década, con la meta de corregir el déficit presupuestario estadounidense.

Si el Congreso es incapaz de recortar 1.200 billones de dólares antes de enero del 2013, entonces el presupuesto del Pentágono sufrirá un recorte adicional de 492.000 millones de dólares.

VERACRUZ, Panamá (AP) — Carlos Mendizábal tiene 93 años y lleva 36 pidiendo justicia: que las autoridades confirmen que unos huesos exhumados son los de su hija Bettzy Marlenne, quien fue supuestamente asesinada en 1976 junto con su novio Jorge Falconett durante el régimen militar.

“Hasta hace pocos años él andaba en las calles exigiendo justicia. Ahora está viejo, escucha y habla poco, pero no quiere irse (morir) sin saber qué pasó con nuestra hija”, afirma la esposa de Mendizábal, Estela, en su casa del pueblo costero de Veracruz, al oste de la capital.

Los Mendizábal sostienen que la pareja fue asesinada y que figuras del gobierno militar encubrieron los hechos y evitaron entregar el cadáver de Bettzy Marlenne. De Falconett nunca más se supo.

El matrimonio podría comprobar pronto si esos restos desenterrados hace 20 años son los de su hija pues el gobierno ha reactivado la identificación de unas osamentas de personas presuntamente asesinadas durante el régimen militar (1968-1989).

Aunque en menor escala que en otros países de América Latina con dictaduras militares, Panamá también vivió una etapa de asesinatos y desapariciones en ese período, según denuncias, e incluso se formó una Comisión de la Verdad hace poco más de una década que documentó 110 casos (70 asesinatos y 40 desapariciones).

Las denuncias generaron investigaciones en las se exhumaron restos de personas presuntamente asesinadas en esa época. Los huesos están guardados en 40 cajas de cartón en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) y su identificación nunca se llevó a cabo por desinterés oficial y falta de recursos, según las autoridades, familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos.

“Quizás es un poco de desidia o de falta de voluntad; siempre debió haber dinero para esto. No se le dio la atención debida”, señaló a la Associated Press Humberto Mas, director del IMLCF.

Hay quienes creen que lo que faltó fue voluntad política.

La presidenta del Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego (COFADEPA-HG), Maritza Maestre, dijo a la AP que las gestiones para que se estableciera una mesa de diálogo después del trabajo de la Comisión de la Verdad no prosperaron entre 2004-2009 porque en ese lapso gobernaba “el Partido Revolucionario Democrático, que fue el brazo político de la dictadura y ellos jamás se van a reunir con nosotros”.

Así como los Mendizábal, familiares del conocido dirigente estudiantil comunista Floyd Britton (asesinado en 1969) y del sacerdote católico colombiano Héctor Gallego (desaparecido en 1971) también ansían encontrar sus restos.

“Esto tiene un significado histórico muy grande. Son variadas las razones”, destacó Mas, el director del IMELCF. “La satisfacción de los familiares de saber y darle cristiana sepultura a sus seres queridos que han buscado en algunos casos por 42 años”.

Mas considera que la larga lucha del COFADEPA-HG evitó que el tema de los desaparecidos y la posible identificación de las osamentas pasara totalmente al olvido.

Para Mas, el reciente regreso al país del ex dictador Manuel Noriega, tras pasar 22 años en prisiones de Estados Unidos y Francia, también le dio notoriedad al asunto. El ex dictador, de 78 años, fue extraditado por Francia el 11 de diciembre y a su llegada se lo encarceló inmediatamente para que cumpla varias condenas por asesinato.

“Creo que (el retorno del ex dictador) ha ayudado mucho”, afirmó Mas.

Noriega fue depuesto por la invasión de Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989, con lo cual terminó el régimen castrense que comenzó con el golpe militar del 11 de octubre de 1968. El general Omar Torrijos dirigió el país tras el golpe hasta su muerte en un accidente aéreo en julio de 1981.

Los familiares de las víctimas lograron en junio del 2010 que el gobierno de Ricardo Martinelli estableciera una mesa de entendimiento para tratar los reclamos de justicia y resarcimiento moral y económico.

En esa mesa, que volvió a reunirse en enero, participan también el IMLCF y la Cruz Roja Internacional, que ayudó a gestionar el viaje de dos antropólogos forenses argentinos que estuvieron a inicios de febrero para hacer una evaluación inicial de los restos. No se han fijado plazos para entregar los resultados de los análisis, en los que se cotejarán muestras de ADN de los restos y de presuntos familiares.

El gobierno ha prometido sumar 45.000 dólares a una partida anterior que alcanza los 90.000 para los trabajos de identificación de las osamentas, aunque Mas considera que “eso sólo serviría para arrancar”.

Un informe del IMELCF entregado a la AP indica que oficialmente solo en cinco de los casos documentados por la Comisión de la Verdad se logró la identificación de restos y se entregaron a sus respectivos familiares.

La Comisión destacó que la mayoría de las víctimas eran jóvenes de estratos sociales bajos.

Paradójicamente, Torrijos impuso un gobierno que fue considerado de corte populista, que llevó carreteras, centros de salud y escuelas a zonas remotas y pobres.

Al mismo tiempo, el carismático caudillo militar se convirtió en uno de los arquitectos de la firma en 1977 de los tratados con Estados Unidos que establecieron la entrega del canal interoceánico y la salida de los militares norteamericanos.

Sin embargo, “Torrijos, una vez que logró instalarse plenamente, utilizaba todos los métodos represivos de tortura y desaparición que usaron otros dictadores en Latinoamérica para callar a opositores”, señaló el padre católico Conrado Sanjur, presidente de la Coordinadora Popular por los Derechos Humanos. “También encubrió actos criminales de sus aliados, incluso, en casos que no eran de tanto tinte político o ideológico”.

Marcos Mendizábal afirma que el caso de su hermana y su novio no fue político, aunque no sabe exactamente cuál puede haber sido el móvil. Pero aseguró que el régimen comenzó a intimidar posteriormente a su familia para que dejasen los reclamos de justicia.

Al respecto, la Comisión consideró que “la búsqueda de la verdad fue obstaculizada… para ocultar lo que sucedió realmente”.

El caso Mendizábal-Falconett fue a juicio en 1976 y los tres sindicados fueron absueltos en un largo proceso que tuvo varias reaperturas y sobreseimientos, cerrándose definitivamente en 1997.

La familia Mendizábal acusó principalmente a un amigo de universidad de Falconett, Roberto Pinzón, quien era hijo del entonces representante del corregimiento de Atalaya, en el centro del país, cerca de donde ocurrió la tragedia, y adepto al régimen.

Falconett, de 22, había sido invitado a ese región por Pinzón y Bettzy Marlenne, 19, lo acompañó.

Nunca más regresaron a la capital.

No quedó claro el motivo de la tragedia, aunque Estela Mendizábal, quien tiene 79 años, considera que a lo mejor Pinzón y otros amigos tenían celos de Falconett, pues era “muy inteligente”.

Algunos testimonios durante las investigaciones indican que el cadáver de Bettzy Marlenne fue encontrado varios días después de su desaparición en un río y con su largo cabello enredado entre raíces de árboles. Fue trasladada y enterrada rápidamente en un cementerio de Atalaya sin que se le practicara autopsia, indicaron algunos testigos y la familia.

La familia, que no está convencida de que ese haya sido realmente el cadáver de Bettzy Marlenne, consiguió que en 1976 se hiciese una exhumación, pero dice que no pudo ver el cuerpo, el cual fue enterrado nuevamenete sin ser identificado fehacientemente.

Dos años después del fin de la dictadura y tras reabrirse el caso, se hizo una nueva exhumación, en 1992, con la participación de antropólogos argentinos, que en ese momento concluyeron que el análisis de una pieza ósea (fémur) no coincidía con la medida de la chica.

Esa osamenta será sometida a nuevos análisis.

“Si esos son los restos de mi hermana”, afirma Kilmara Mendizábal, “no los quiero enterrar. Prefiero tenerlos en una vitrina, (y) si aquí en Panamá no hay un ‘museo de la memoria’, como en Argentina y otros países, bueno iré a Argentina a depositarlos para que se diga que son restos de asesinados de la dictadura de Panamá”.

Por JUAN ZAMORANO

Napolitano viaja acompañada del sub comisionado de aduanas y protección fronteriza, David Aguilar, y el sub secretario para asuntos internacionales de seguridad nacional, Alan Bersin, para discutir como efectuar un trabajo más seguro en diferentes áreas, según un comunicado de la embajada estadounidense en Guatemala.

Tiene programada una reunión con el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina.

Posteriormente viajará a El Salvador, Costa Rica, Panamá y México concluyendo su gira por centroamérica el 29 de febrero.

No se han definido los temas de la agenda. Por el momento, Estados Unidos no ha mencionado si hablarán sobre el tema de la despenalización de las drogas propuesta por Pérez Molina.

Sin embargo, el ministro de relaciones exteriores, Harold Caballeros, se reunió con Napolitano y la secretaria de estado Hillary Clinton la semana pasada para pedir el leventamiento de las restricciones a la ayuda militar y el otorgamiento de un Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los ciudadanos guatemaltecos.

Guatemala insiste en que la asistencia a su ejército tiene una importancia especial dado el auge que ha experimentado en América Central el crimen organizado, a raíz de los esfuerzos antinarcóticos que Estados Unidos financia en México y Colombia.

La ayuda militar estadounidense fue eliminada en 1978 por el presidente Jimmy Carter (1977-1981) dadas las violaciones a los derechos humanos atribuidas a las fuerzas armadas en medio de la guerra civil que asoló Guatemala durante 36 años, hasta que en 1996 las guerrillas marxistas y el gobierno firmaron un acuerdo de paz.

Sobre el otorgamiento de un TPS a los ciudadanos guatemaltecos, Clinton dijo recientemente que simpatizaba con la idea pero que era una decisión de la secretaria del departamento de seguridad nacional.

El TPS es un estatus migratorio especial que otorga el gobierno estadounidense el cual permite residir y trabajar de forma temporal a personas de países afectados por catástrofes naturales. Los ciudadanos de Honduras, Nicaragua y El Salvador gozan de TPS otorgado por el gobierno norteaméricano.

El predecesor de Caballeros en el cargo, Haroldo Rodas, planteó a Clinton el tema de la ayuda militar y el TPS hace exactamente un año en la capital estadounidense.

CHICHIGALPA, Nicaragua (AP) — Jesús Ignacio Flores comenzó a trabajar a los 16 años. Pasaba largas horas en sitios de construcción y en los campos de la plantación de azúcar más grande de su país.

Hace tres años, sus riñones comenzaron a fallar. Llenaban su cuerpo de toxinas. Luego de una rápida agonía, falleció el 19 de enero en el patio de su casa, a los 51 años.

“Sus últimos cuatro meses fueron fatales, y el último, peor. ‘Me estoy quemando’, decía él”, relató su esposa Gloria Esperanza Mayorga a la Associated Press. “No le paraba el hipo, no dormía, sufría calambres, dolores de cabeza, perdió el apetito, vomitaba el agua y los alimentos que trataba de ingerir, se le ampollaron la boca y (tenía) todo el cuerpo reseco, perdía la vista, no podía orinar, se levantaba de pronto desesperado y al final hablaba sólo y deliraba”.

“Fue un infierno”, dijo la mujer, de 49 años.

Su cuerpo fue depositado en un ataúd rústico en el patio de su humilde vivienda en presencia de sus ocho hijos y una cincuentena de vecinos que lo velaron.

Al momento de morir, los trabajadores en el cañaveral seguían laborando con sus machetes. Durante se velorio, casi a media noche, los tractores del ingenio trabajaban recogiendo caña cortada y a lo lejos se escuchaba el constante rugir de los molinos y el resplandor de las luces de sus instalaciones en Chichigalpa, un pueblo de la región azucarera de Nicaragua donde uno de cada cuatro hombres presenta síntomas de una deficiencia renal crónica, según estudios médicos realizados.

Una misteriosa epidemia está devastando la costa pacífica de América Central. Ha matado a más de 24,000 personas en El Salvador y Nicaragua desde 2000 y afecta a otros en proporciones jamás vistas antes. Los científicos dicen tener informes de que el fenómeno se ha propagado desde el sur de México hasta Panamá.

La situación cobró una gravedad tal que la ministra de salud de El Salvador, María Isabel Rodríguez, pidió ayuda internacional el año pasado, diciendo que la epidemia desbordaba el sistema de salud.

“Es una enfermedad que viene sin aviso y cuando la descubren ya es tarde”, dijo Wilfredo Ordóñez recostado en una hamaca de su casa de la región del Bajo Lempa en El Salvador. El hombre comenzó a sentir los síntomas hace diez años, cuando tenía 38.

Ordóñez trabajaba 12 horas diarias en plantaciones de milpa, ajonjolí y arroz. Hoy sobrevive con tratamientos de diálisis que se aplica él mismo cuatro veces por día.

Muchas de las víctimas mortales eran obreros o peones de las plantaciones de azúcar que cubren buena parte de la zona costera. Pacientes, médicos y numerosos activistas dicen que los causantes del mal son las sustancias químicas que los trabajadores han usado por años sin ninguna de las protecciones comunes en los países desarrollados.

“Me ponía la mochila en el lomo y tiraba el veneno (herbicidas y pesticidas) sin ninguna protección, hasta una vez me cayó todo el veneno en el lomo “, dijo Ordoñez a la AP.

Hay indicios, no obstante, que sustentan una hipótesis más compleja e insospechada.

La raíz de la epidemia, según algunos científicos, parece yacer en la naturaleza del trabajo que hacían los afectados, campesinos, obreros de la construcción, mineros y otros que trabajaban hora tras hora sin beber suficiente agua bajo altas temperaturas, sometiendo a sus cuerpos a repetidas deshidrataciones e insolaciones. Muchos trabajaban desde los diez años.

La agotadora rutina parece ser uno de los detonantes de la deficiencia renal crónica, un mal asociado normalmente con la diabetes y la hipertensión, dos enfermedades que no aparecen en la mayoría de los pacientes centroamericanos.

“La evidencia refuerza esta idea del trabajo manual y una hidratación insuficiente”, dijo Daniel Brooks, investigador y profesor asociado de epidemiología de la Universidad de Boston, quien trabajó en una serie de estudios de este mal.

Dado que el trabajo duro y el calor intenso son fenómenos bastante comunes en América Central pero no todo el mundo contrae el mal, algunos investigadores no descartan factores de origen humano.

Pero, a su vez, no han surgido pruebas sólidas del papel de los pesticidas y otras sustancias químicas.

“Yo creo que todo indica que no son los pesticidas”, dijo la doctora Catharina Wesseling, una experta en epidemias y directora regional de Programa sobre Trabajo, Salud y Medio Ambiente de América Central. “Es demasiado multinacional y está muy esparcido. Yo apostaría por las reiteradas deshidrataciones, casi diarias. Eso es lo que pienso yo, pero no se ha demostrado nada”.

El doctor Richard J. Johnson, especialista en riñones de la Universidad de Colorado, en Denver, que trabaja con otros expertos que estudian el mal, también sospecha de la deshidratación.

“Es un concepto nuevo, pero hay alguna evidencia que lo respalda”, dijo Johnson. “Hay otras formas de lesionar los riñones: metales pesados, químicos, toxinas… Se ha considerado todo, pero no hay explicaciones firmes todavía para lo que sucede en Nicaragua. A medida que se agotan estas posibilidades, las deshidrataciones recurrentes suben en la lista”.

En Nicaragua la cantidad de muertes por la deficiencia renal crónica subió de 466 en 2000 a 1,047 en 2010, según la Organización Panamericana de la Salud. En El Salvador ese organismo registró un incremento parecido, de 1,282 casos en el 2000 a los 2,181 de 2010.

Más al sur, en las plantaciones de azúcar de Costa Rica, también se han registrado agudos aumentos en la incidencia del mal renal, según la médica Wesseling, al tiempo que las estadísticas del organismo panamericano indican que en el caso de Panamá las cifras están subiendo, aunque a un ritmo más lento.

El incremento en las estadísticas de la enfermedad podrían obedecer a que ahora se lleva mejor la cuenta de los casos, pero los científicos dicen que no hay dudas de que está ocurriendo algo mortal, algo que la medicina no conocía.

En naciones con sistemas de salud más avanzados, el mal que afecta la capacidad del riñón de limpiar la sangre es diagnosticado tempranamente y tratado con diálisis en clínicas. En América Central, muchas de las víctimas se tratan a sí mismas, en casa, con formas de diálisis más baratas y no tan eficientes, o siguen adelante sin diálisis.

En un hospital de la ciudad nicaragüense de Chinandega, Segundo Zapata, de 49 años, está sentado en su habitación, cabizbajo, cuando lo visitó un periodista de AP en enero.

“Ya no quiere hablar”, relató su esposa, Enma Vanegas, un año menor que él.

Sus niveles de creatinina, un químico que delata problemas renales, eran 25 veces los normales.

Su familia le dijo que lo hospitalizaban para que recibiese diálisis. En realidad, el objetivo era aliviarle el sufrimiento mientras esperaba la inevitable muerte, según Carmen Ríos, de la Asociación de Enfermos de Insuficiencia Renal de Nicaragua.

Zapata le imploró al fotógrafo de AP que lo llevara a su casa.

“Deja la cámara, toma una ametralladora y sácame de aquí a la fuerza”, le dijo.

El hombre murió el 26 de enero.

La doctora Wesseling, trabajando con científicos de Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, estudió a grupos de la costa y los comparó con grupos con hábitos de trabajo similares, que también estuvieron expuestos a pesticidas, pero trabajaban en zonas a por lo menos 500 metros (1.500 pies) sobre el nivel del mar.

Un 30% de los trabajadores de la costa tenían niveles elevados de creatinina, lo que es un fuerte indicio de que el causante del mal es el ambiente más que los agroquímicos, de acuerdo con el epidemiólogo Brooks. Se espera que el estudio en el que trabaja sea publicado en revistas médicas en las próximas semanas.

Brooks y Johnson, el especialista en riñones, dijeron que saben de casos parecidos en regiones agrícolas cálidas de Sri Lanka, Egipto y la costa este de la India.

“No sabemos qué tan esparcido está (la enfermedad)”, dijo Brooks. “Esta puede ser una epidemia que todavía no ha sido identificada plenamente”.

Jason Glaser, cofundador de una agrupación que ayuda a las víctimas del mal renal en Nicaragua, dijo que él y sus colegas también saben de casos ocurridos entre trabajadores de plantaciones de azúcar de Australia.

A pesar de que hay un consenso cada vez mayor entre los expertos, Elsy Brizuela, una doctora que trabaja con un programa salvadoreño que trata a los trabajadores e investiga la epidemia, da por descartada la teoría de las deshidratación e insiste en que “todos los afectados han trabajado expuestos a los venenos, a los herbicidas que se usan en los cañales”.

Las tasas más altas del mal renal que se registran en Nicaragua son las del Ingenio San Antonio, del Grupo Pellas, cuyos ingenios procesan casi la mita de la azúcar que produce el país. Flores y Zapata trabajaban en ese ingenio.

Según uno de los estudios de Brooks, hace unos ocho años la planta empezó a a ofrecer una solución electrolítica y galletitas con proteínas a los trabajadores. También comprobó que algunos trabajadores cortaban caña de azúcar nueve horas y media por día casi sin descansos, al sol, con temperaturas de 30 grados centígrados (87 Farenheit).

En 2006, la plantación, de propiedad de una de las familias más ricas del país, recibió 36.5 millones de dólares en préstamos de la Corporación Internacional de Finanzas, organismo afiliado al Banco Mundial, para la compra de más tierras, la expansión de su planta procesadora y la producción de más azúcar para el consumidor y para la producción de etanol.

En un comunicado, el organismo dijo que había examinado el impacto social y ambiental de sus préstamos y que había determinado que la deficiencia renal no está relacionada con las operaciones en la plantación.

De todos modos, la entidad dijo que “le preocupa este mal que afecta no solo a Nicaragua sino a otros países de la región y seguirá de cerca cualquier novedad”.

Ariel Granera, portavoz del Grupo Pellas, dijo que a partir de 1993 la empresa tomó medidas para aliviar la carga de sus trabajadores, como hacerlos comenzar sus turnos bien temprano en la mañana y darles muchos litros de agua por día.

Periodistas de AP vieron que los trabajadores traían botellas de agua de sus casas, que llenaban durante el día usando grandes cilindros llevados a los campos en busetas.

Glaser, cofundador de la Fundación La Isla en Nicaragua, grupo activista, dijo que las compañías ni el gobierno hacen cumplir las normas para proteger a los trabajadores, particularmente las relacionadas con suspender del trabajo a quienes padecen deficiencias renales dejen de trabajar en las plantaciones del Grupo Pellas y de otras empresas.

Muchos peones a los que se les encuentran altos niveles de creatinina siguen trabajando con otros contratistas, dijo Glaser. Algunos usan documentos falsos o las identificaciones de sus hijos sanos, quienes pasan los controles médicos y van a trabajar a los cañaverales, donde sus riñones se lesionan.

“Es el único trabajo que hay en este pueblo”, dijo. “Es lo único que saben hacer”.

El Ingenio San Antonio procesa la caña de más de 24,000 hectáreas, la mitad propias y el resto, mayoritariamente de campesinos independientes.

La agrupación que agrupa a los ingenios de Nicaragua dijo que el estudio de la Universidad de Boston confirmó que “la industria azucarera no es responsable de las insuficiencias renales” porque no hay forma de establecer a esta altura “un vínculo directo entre el cultivo de la caña de azúcar y la insuficiencia renal”.

Brooks, el epidemiólogo de la Universidad de Boston, destacó que el estudio simplemente dijo que no hay prueba científica firme de la causa, pero que todas las posibilidades siguen abiertas.

A diferencia de Nicaragua, donde miles de personas con trastornos renales trabajaban en grandes plantaciones, en El Salvador abundan los pequeños campesinos independientes. Ellos atribuyen el mal a los agroquímicos y casi nadie ha cambiado sus hábitos de trabajo como consecuencia de las últimas investigaciones, que no han recibido demasiada difusión en el país.

En Nicaragua el peligro es bien conocido, pero la gente del campo necesita trabajo. Zapata tenía ocho hijos, tres de los cuales trabajan en las plantaciones de azúcar.

Dos de ellos ya muestran síntomas de la enfermedad.

Por FILADELFO ALEMAN y MARCOS ALEMAN
A este reportaje contribuyeron Michael Weissestein desde Ciudad de México y Romina Ruiz-Goiriena, desde ciudad de Guatemala.

Imagen: En esta foto del viernes 20 de enero del 2012, un cortador de caña bebe agua durante una pausa en su trabajo en el ingenio azucarero de San Antonio en Chichigalpa, Nicaragua. Una epidemia misteriosa está devastando la costa del Pacífico en Centroamérica, donde ha matado a más de 24.000 personas en El Salvador y Nicaragua desde el 2000 y ha afectado a otros miles con una enferemedad renal crónica a una tasa no vista prácticamente en ningún otro sitio. Muchas de las víctimas eran trabajadores manuales o trabajadores en las plantaciones azucareras que abundan en las costas (AP Foto/Esteban Félix)

Sherman llegó la víspera para una visita de un día y discutir preparativos de la próxima Cumbre de las Américas, que se realizará en el balneario caribeño colombiano de Cartagena el 14 y 15 de abril.

La idea de que Obama abandonó la región “creo que es una percepción equivocada”, dijo Sherman en una entrevista publicada el martes en el diario El Tiempo.

Prueba de que no hay tal abandono es que Obama ha visitado la región y la Secretaria de Estado Hillary Clinton ha estado en Latinoamérica 24 veces visitando 18 distintos países, agregó.

“América Latina y el hemisferio occidental resultan claves para los intereses de Estados Unidos, no solo los de seguridad nacional, sino los económicos, los políticos, los de seguridad tradicional y, en general, los de desarrollo sostenible en todo el mundo”, dijo Sherman, quien partió el martes temprano rumbo a México.

La idea del ‘abandono’ de Washington a la región ha partido de analistas y dirigentes empresariales, principalmente, al asegurar que el gobierno de Obama no hace ahora tanta presencia política ni económica en lo que fue considerado su tradicional área de influencia.

Al ser consultada por el diario sobre cómo reciben en Washington expresiones a favor de la legalización de las drogas, incluso hechas por el presidente colombiano Juan Manuel Santos, la funcionaria estadounidense aseguró que las respetan, pero no las comparten.

“Aprecio que los presidentes digan lo que piensan y respeto, por supuesto, sus puntos de vista. Desde la perspectiva estadounidense, el presidente Obama no apoya la legalización. Lo que sí apoyamos es la intensa relación de trabajo que tenemos con Colombia y con el presidente Santos en el propósito de librarnos de este mal”, dijo.

Colombia se mantiene como el mayor productor de la hoja de coca, con 62,000 hectáreas reportadas en 2010, pero seguida de cerca por Perú con 61,200 hectáreas, según el más reciente informe de las Naciones Unidas sobre cultivos en la zona andina, revelado a mediados del 2011.

WASHINGTON (AP) — El Fondo Monetario Internacional redujo el martes en 0.4% la proyección de crecimiento para 2012 en América Latina y el Caribe que había emitido a fines del 2011 y lo atribuyó a la recesión leve que enfrentará la zona Euro debido a sus problemas de gran endeudamiento público y que limitará el crecimiento global al 3.3%.

Al actualizar el Panorama Económico Mundial que emitió en septiembre de 2011, el FMI previó el martes un crecimiento en América Latina y el Caribe del 3.6% para 2012 y 3.9% para 2013. En cuanto a países específicos, ajustó a la baja en 0.6% el crecimiento de Brasil este año (3%) y en apenas 0.1% el de México (3.5%).

El FMI indicó que el crecimiento en las economías emergentes probablemente desacelerará debido a un deterioro del entorno externo y a un debilitamiento de la demanda interna, y exhortó a esas naciones a “responder a un crecimiento interno moderado y un debilitamiento externo de las economías desarrolladas”.

Para el 2012, el organismo multilateral redujo en 0.7% la expectativa de crecimiento global, de las economías desarrolladas (1.2 y de las emergentes (5.4%).

El FMI estimó que los precios de las materias primas no petroleras sufrirán un desplome de 14% este año, debido a una mejora en las condiciones de la oferta y a una ralentización de la demanda global.

Varios países suramericanos no petroleros han experimentado un importante auge económico durante años recientes gracias a la exportación de sus materias primas, especialmente a China, cuya proyección de crecimiento para el 2012 fue reducida en 0.8% (8.2).

En cambio, el FMI mantuvo su predicción de que el barril de petróleo costará 99 dólares este año, debido a un incremento en riesgos geopolíticos que “probablemente se mantengan elevados durante algún tiempo, y los precios descenderán solo marginalmente en 2012 pese a proyecciones menos favorables para la actividad global”.

Las tensiones por las amenazas iraníes de bloquear el estrecho de Ormuz si sanciones recién adoptadas por Estados Unidos afectan sus ventas petroleras y el impacto potencial que podrían tener no solamente sobre el suministro petrolero mundial sino sobre el precio del crudo y la economía de las naciones que compran petróleo iraní, han afectado a consumidores y comerciantes.
Por LUIS ALONSO LUGO
Luis Alonso Lugo está en twitter como @luisalonsolugo

Hay quienes dicen que podrían reducir sus cosechas o plantar cultivos que no requieran tanta mano de obra, mientras que otros se preparan para pagar sueldos más altos y están apelando a nuevos métodos para reclutar trabajadores.

“Se están produciendo algunos cambios, pero es un poco temprano para hablar”, expresó Charles Hall, director ejecutivo de la Asociación de Agricultores de Frutas y Vegetales de Georgia.

En Georgia y Alabama se aprobaron severas leyes para combatir la inmigración ilegal, que según los agricultores están ahuyentando a los trabajadores del campo.

Desde que se aprobaron esas leyes el año pasado, los agricultores de ambos estados vienen diciendo que no tienen suficientes peones pues muchos extranjeros no han regresado y no encuentran con quién reemplazarlos. Tanto agricultores como funcionarios del gobierno estatal reportaron que algunas cosechas se pudrieron en los campos porque no hubo suficientes peones para recogerlas.

Los agricultores sostienen que los ciudadanos estadounidenses no están interesados en trabajar como peones de campo, pero hay quienes dicen que lo que sucede es que la paga es tan baja que no resulta tentadora para los trabajadores con papeles.

Brett Hall, subjefe del departamento de agricultura de Alabama, dijo que los viveros de todo el estado están tratando de conseguir 2,000 peones con miras a la cosecha de la primavera (segundo trimestre del año). Muchos propietarios de viveros acuden a ferias laborales en la esperanza de encontrar trabajadores.

Agregó que otros dueños de viveros no están ordenando semillas ni equipo nuevo porque creen que no tendrán suficientes trabajadores.

“Antes de esta ley, los trabajadores migrantes venían solos. Sabían cuándo se los necesitaba”, dijo Hall. “Eso ya no sucede”.

En Georgia, algunos agricultores especializados en la renombrada cebolla Vidalia están sembrando superficies menores de esta planta que requiere mucha mano de obra, lo que podría causar una reducción del 10% en la producción, según Bob Stafford, director del Consejo Empresarial de la Cebolla Vidalia.

Stafford dijo que no está claro si esto generará un aumento en los precios de esta cebolla dulzona porque los precios dependen de numerosos factores, incluidos el clima y el costo de los combustibles.

Aries Haygood, presidente del Comité de la Cebolla Vidalia, señaló que estaba reduciendo el área de cultivo un 15% en su campo cerca de Lyons, Georgia, por la incertidumbre en torno a la mano de obra y otros factores.

Haygood y otros agricultores de los dos estados usan el programa federal de trabajadores extranjeros temporales conocido como H-2A, que permite a los agricultores traer una cantidad ilimitada de peones agrícolas para la temporada de cultivos.

Algunos de ellos, no obstante, se quejan de que es demasiado costoso y no les da suficiente flexibilidad.

Haygood dijo que es muy difícil calcular los períodos de cosecha y que a veces las visas de los peones expiran antes de que se haya completado el trabajo.

Dawson Morton, abogado del Programa de Servicios Legales de Georgia, rechazó las quejas sobre el programa de trabajadores por temporada y dijo que el problema de fondo es que los agricultores no quieren pagar los sueldos establecidos por las leyes laborales ni ofrecer alojamiento con comodidades básicas.

“Las condiciones de la H-2A no son para nada extravagantes”, afirmó Morton. “Son tan modestas que la mayoría de los estadounidenses no están dispuestos a aceptarlas”.

Morton destacó que el comisionado de agricultura de Georgia Gary Black resaltó que algunos trabajadores agrícolas con papeles son más costosos y no trabajan tan duro como los migrantes.

“El informe de Gary Black revela que los agricultores están tratando de imponer una política que les permita conseguir una fuerza laboral lo más barata posible”, declaró Morton. “Esta no parece una industria interesada en cumplir con las leyes ni en pagar los salarios que fijan las leyes”.

Dos de los principales productores de cebolla Vidalia, Delbert Bland y R.T. Stanley, indicaron que no piensan reducir sus cosechas.

Bland empleó el programa federal de trabajadores por temporada por años y Stanley dijo que probablemente busque un grupo de trabajadores invitados para complementar a los que ya tiene asegurados.

“Plantaré las semillas”, expresó Stanley. “Pero me inquieta lo que sucederá cuando llegue el momento de la cosecha en abril o mayo”.

En lugar de reducir el área cultivada, Kent Hamilton, quien produce vegetales cerca de Tifton, Georgia, se propone plantar más maíz, pepinos y pimientos, porque piensa que los otros agricultores plantarán menos.

Hamilton también ha usado el programa federal de trabajadores por temporada por años. Generalmente trae unos 400 migrantes, pero está construyendo más viviendas para acomodar 515 este año.

Darvin Eason cultiva moras, algodón y maní en Lenox, al sur de Georgia.

El algodón y el maní (cacahuate) pueden ser recogidos mecánicamente, pero las moras tienen que ser recogidas a mano y requieren abundante mano de obra durante varias semanas.

“Si no las recoges todos los días, pierdes algunas. Empiezan a caer a tierra”, manifestó.

Eason cultiva poco más de una hectárea y media, que produce unos 22,700 kilos (50,000 libras) de moras por año. La plantación de esos arbustos representa una fuerte inversión y Eason no puede darse el lujo de reducir la cosecha.

El contratista que emplea para conseguir trabajadores ya le ha dicho que debe prepararse para pagar salarios más altos porque no será fácil conseguir peones.

Por KATE BRUMBACK
El reportero de AP Jay Reeves colaboró en este reportaje desde Birmingham, Alabama.

Imagen: En esta fotografía de archivo del 10 de mayo del 2011, un trabajador agrícola vacía un balde de cebollas en un camión en la ciudad estadounidense de Lyons en el estado de Georgia. El responsable de la agricultura en ese estado, Gary Black, recomendó el martes 3 de enero del 2012 que el Congreso estadounidense elabore un programa de trabajadores migrantes en Estados Unidos que compense la ausencia de mano de obra agrícola causada por las nuevas leyes contra la inmigración ilegal en ése y otros estados. (Foto AP/David Goldman)

Representantes de los trababajadores y del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), encargado de la construcción del nuevo juego de esclusas, retomaron las negociaciones en la sede del Ministerio de Trabajo en donde fueron convocados por las autoridades laborales, sin que se llegase de momento a un acuerdo.

“No es posible que en un mega proyecto como este, que es uno de los más grande de América Latina, los trabajabodres estén ganado un salario que apenas alcanza para pagar los alimentos”, dijo a la AP Rolando González, uno de los dirigentes obreros.

Explicó que los trabajadores plantean en la mesa de conversaciones que se revise un decreto de data de marzo de 1980, que rige para los trabajadores del área canalera, y que establece el salario mínimo, así como la actual convención colectiva entre el Sindicato Unico de Trabajadores de la Construcción (SUNTRAC) y la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), la cual rige hasta el 2013.

Las exigencias obreras incluyeron alzas salariales, con aumentos para los ayudantes de 2.90 dólares la hora a 4.90. También demandan mejoras en equipos de seguridad y que la empresa despida algunos jefes extranjeros que abusan de los trabajadores.

GUPC argumenta que el salario de 2.90 fue el acordado en la convención colectiva y que rige actualmente para el sector de la construcción en todo el país.

Los trabajadores también reclaman el pago de horas extras y de días feriados laborados que no se reflejan en sus salarios, algo que GUPC admitió que se debió a errores al implementar un nuevo sistema de planilla, pero prometió pagar los montos adeudados durante la semana.

La ministra de Trabajo Alma Cortés dijo que no se permitirá que bajo el argumento de fallas en el nuevo sistema de planilla no se hagan los ajuste salariales correspondientes.

GUPC, integrado por empresas de España, Italia, Bélgica y Panamá, tiene la responsabilidad de construir las nuevas esclusas, por un monto de 3,200 millones de dólares. El grupo contrató hasta el momento para esa monumental tarea a 5,930 panameños y 244 extranjeros.