“Aquí en nombre de toda mi pandilla, la MS13, quiero pedirle perdón a la sociedad y que nos den una oportunidad de poder cambiar. Somos seres humanos que no solo estamos para hacer maldad”, afirmó Dionisio Arístides Umanzor, conocido como El Sirra.

Los líderes de la Mara Salvatruchas participaron en una misa presidida por el nuncio apostólico Luigi Pezzuto y el obispo castrense y policial, monseñor Fabio Colindres, en la explanada de la cárcel de Ciudad Barrios, a 157 kilómetros al noreste de la capital, donde casi 3,000 pandilleros cumplen condenas por diversos crímenes.

En breves declaraciones a The Associated Press, El Sirra negó que la anunciada tregua entre las pandillas MS13 y La 18 haya sido producto de una negociación con el gobierno del presidente Mauricio Funes. “Esto se logró gracias a Dios que iluminó a monseñor Colindres que tomó la iniciativa”, sostuvo.

“Nunca hemos negociado con el gobierno, eso nunca, no podemos negociar con ellos, mire como nos están persiguiendo. Estamos en una tregua para bajar los homicidios, pero ellos (las autoridades) nos siguen buscando y nos meten presos”, respondió uno de los pandilleros que se identificó únicamente como “El Chancleta”, de unos 20 años.

En su participación en la misa, a nombre de la pandilla, El Sirra afirmó que “nunca nadie nos ha querido escuchar, los políticos muchas veces jugaron con nosotros, dijeron querer arreglar esto y lo otro, pero siempre fue para lucrarse. Ahora hemos logrado esto (la tregua) gracias a la iglesia por el llamado de Dios que iluminó a monseñor Colindres”.

“Ellos (los políticos) siempre han dicho que nosotros somos la escoria y lo peor del mundo. Nosotros crecimos en un época de conflicto y en ese época tapamos nuestros valores con cosas negativas, pero estamos dispuestos a cambiar, si nos ayudan”, agregó.

Pero El Sirra dijo que no comprende cómo es que cuando deciden hacer una tregua con la otra pandilla y bajan los homicidios, la policía continua persiguiéndolos y capturándolos.

“Ahora que estamos tratando hacer algo bueno, nos están presionando, no entiendo. Veo que no les gusta que las cosas estén bien en el país”, afirmó.

Luego dijo que, “estamos conscientes que hemos dañado a mucha gente, pero también tienen que hacer conciencia que nos han atacado por todos lados, nuestras familias, hijos, amistades y todo, nos han aislado de todo el mundo. Vamos a hacer lo posible por reinsertarnos, pero les pedimos que nos ayuden”.

Las afirmaciones surgen días después de que el diario electrónico salvadoreño El Faro atribuyera la baja en el índice de crímenes a un acuerdo entre los líderes pandilleros y las autoridades, el cual habría consistido en concederle ciertos privilegios a los detenidos a cambio de que ordenaran mermar los homicidios.

El gobierno negó cualquier arreglo de esta índole, pero no ha explicado las razones por las que ordenó el traslado de unos 30 peligrosos pandilleros de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca, conocida como Zacatraz, en la zona central del país, y fueron llevados a cárceles donde ahora conviven con los miembros de las pandillas.

Los jefes de la MS13 fueron llevados a Ciudad Barrios y los de La 18, los trasladaron a la cárcel de Cojutepeque, a unos 40 kilómetros al este de la capital.

Según registros de la policía, en las dos semanas posteriores al traslado de los líderes pandilleros, ocurrido entre el 8 y 9 de marzo, los asesinatos han bajado de 14 a 6 diarios y se registra 79 asesinatos entre el 9 y el 22 marzo.

Según las estadísticas oficiales, hasta el día que inició el traslado de los líderes pandilleros, cada semana morían asesinadas un promedio de 95 personas y en las dos semanas posteriores se reportan 38 y 41 muertes violentas.

En El Salvador, las pandillas establecidas en populosos barrios del país, están conformadas por unos 20,000 jóvenes y adolescentes. Alrededor de 9,300 están presos, según cifras policiales.

La policía le atribuye a las pandillas la comisión de asesinatos, extorsiones y hechos delincuenciales en diferentes zonas del país.

Por MARCOS ALEMAN

SANTA ANA, California, EE.UU. (AP) — Un ex gerente de un refugio para hijos de inmigrantes sin permiso de residencia en el país fue juzgado el miércoles, acusado de abusar sexualmente de seis muchachos bajo su cuidado.

La fiscalía del condado de Orange dijo que Víctor Salazar magreó a los chicos en su oficina cuando realizaban llamadas telefónicas controladas a sus padres en América Central.

Un jurado comenzó el miércoles a escuchar el caso.

Si es convicto, el acusado, de 30 años, podría pasar una década en la cárcel por el presunto abuso, que obligó a las autoridades a instalar puertas con cristaleras en el refugio, mejorar las cámaras de vigilancia y prohibir el transporte de un niño por un solo miembro del personal del centro.

El caso afecta al programa regentado por el departamento de Salud y Recursos Humanos para los hijos menores de inmigrantes sin permiso detenidos por los agentes fronterizos.

Muchos de los niños parten de Centroamérica para reunirse con su familia en Estados Unidos, otros huyen ante los abusos a los que son sometidos o en busca de trabajo para ayudar a sus familiares.

“Era su conexión con la familia”, dijo el fiscal adjunto del condado de Orange, Mark Birney. “Si querían hablar con su familia, se encargaba de organizar las llamadas”.

Fue dejado un mensaje con la abogada de Salazar, Lisa Eyanson, en busca de comentarios.

Más de 6,000 niños de Guatemala, El Salvador y Honduras quedaron bajo la custodia federal en el 2009. casi todos ellos, como las presuntas víctimas en el caso de Salazar, eran adolescentes, según las estadísticas federales.

Salazar comenzó a trabajar en el refugio de la localidad californiana de Fullerton en marzo del 2006, cuando fue inaugurada.

Tras la denuncia de un adolescente, Salazar fue suspendido de empleo y las autoridades llamaron a la policía.

La investigación descubrió seis niños con denuncias similares, entre ellos varios transferidos a la custodia de sus parientes en otros lugares de Estados Unidos.

La fiscalía sostiene que Salazar abusó de seis muchachos de 15 y 16 años entre mayo del 2007 y febrero del 2008.

Algunas de las víctimas dijeron que no denunciaron los abusos inmediatamente por temor a ser deportados o quedarse sin poder llamar por teléfono a sus familiares si se quejaban, según la fiscalía.

Por AMY TAXIN

Napolitano viaja acompañada del sub comisionado de aduanas y protección fronteriza, David Aguilar, y el sub secretario para asuntos internacionales de seguridad nacional, Alan Bersin, para discutir como efectuar un trabajo más seguro en diferentes áreas, según un comunicado de la embajada estadounidense en Guatemala.

Tiene programada una reunión con el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina.

Posteriormente viajará a El Salvador, Costa Rica, Panamá y México concluyendo su gira por centroamérica el 29 de febrero.

No se han definido los temas de la agenda. Por el momento, Estados Unidos no ha mencionado si hablarán sobre el tema de la despenalización de las drogas propuesta por Pérez Molina.

Sin embargo, el ministro de relaciones exteriores, Harold Caballeros, se reunió con Napolitano y la secretaria de estado Hillary Clinton la semana pasada para pedir el leventamiento de las restricciones a la ayuda militar y el otorgamiento de un Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los ciudadanos guatemaltecos.

Guatemala insiste en que la asistencia a su ejército tiene una importancia especial dado el auge que ha experimentado en América Central el crimen organizado, a raíz de los esfuerzos antinarcóticos que Estados Unidos financia en México y Colombia.

La ayuda militar estadounidense fue eliminada en 1978 por el presidente Jimmy Carter (1977-1981) dadas las violaciones a los derechos humanos atribuidas a las fuerzas armadas en medio de la guerra civil que asoló Guatemala durante 36 años, hasta que en 1996 las guerrillas marxistas y el gobierno firmaron un acuerdo de paz.

Sobre el otorgamiento de un TPS a los ciudadanos guatemaltecos, Clinton dijo recientemente que simpatizaba con la idea pero que era una decisión de la secretaria del departamento de seguridad nacional.

El TPS es un estatus migratorio especial que otorga el gobierno estadounidense el cual permite residir y trabajar de forma temporal a personas de países afectados por catástrofes naturales. Los ciudadanos de Honduras, Nicaragua y El Salvador gozan de TPS otorgado por el gobierno norteaméricano.

El predecesor de Caballeros en el cargo, Haroldo Rodas, planteó a Clinton el tema de la ayuda militar y el TPS hace exactamente un año en la capital estadounidense.

HACKENSACK, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Una niña de cinco años cuyo transplante de médula ósea estuvo en duda por una controversia relacionada con la visa de su hermana mayor, quien vive en El Salvador, fue dada de alta el lunes, lista para iniciar un proceso lento de recuperación a una vida normal.

Los doctores del Hospital Infantil Joseph M. Sanzari del Centro Médico de la Universidad Hackensack están optimistas de que Yarelis Bonilla se recuperará completamente después de pasar en el nosocomio las últimas seis semanas, varios meses después de ser diagnosticada con leucemia linfática aguda.

“Ella tuvo mucha suerte de tener una hermana donante compatible. Esos son los pacientes a quienes usualmente les va mejor”, dijo el doctor Alfred Gillio, quien realizó el transplante el mes pasado. “La pasamos muy bien con ella”, comentó el especialista. “Fue una paciente grandiosa”, agregó.

Según el doctor Gillio, Bonilla pasó 28 días en aislamiento, durante el cual realizó proyectos de arte, jugó con cosméticos y escribió en una computadora. Una cosa que no hizo mucho fue comer, afirmó.

Al preguntársele qué es lo que ansía comer cuando esté en casa, la pequeña dijo tímidamente: “huevos”.

Ella deberá ser capaz de regresar a la escuela en tres meses, dijo Gillio.

Gisselle Bonilla Ramírez, de siete años, estaba decidida a ser una donante compatible perfecta para su hermana después de que se realizaron exámenes a toda la familia. Sin embargo, el Departamento de Estado le negó en dos ocasiones una visa de visitante para viajar desde El Salvador que le permitiría estar en Estados Unidos hasta tres meses.

Bonilla Ramírez vive con su abuela en El Salvador, mientras que Yarelis vive con sus padres en Elizabeth.

Funcionarios federales aceparon finalmente proporcionarle una visa humanitaria a inicios de diciembre y llegó al Aeropuerto Liberty de Newark dos días antes de Navidad. Su regreso a El Salvador está agendado para el 21 de marzo.

Bonilla Ramírez dijo que se sentía bien y que no sentía “nada” después de haber donado médula ósea. Afirmó que su hermana se ve bonita, aún sin cabello.

Por DAVID PORTER

CHICHIGALPA, Nicaragua (AP) — Jesús Ignacio Flores comenzó a trabajar a los 16 años. Pasaba largas horas en sitios de construcción y en los campos de la plantación de azúcar más grande de su país.

Hace tres años, sus riñones comenzaron a fallar. Llenaban su cuerpo de toxinas. Luego de una rápida agonía, falleció el 19 de enero en el patio de su casa, a los 51 años.

“Sus últimos cuatro meses fueron fatales, y el último, peor. ‘Me estoy quemando’, decía él”, relató su esposa Gloria Esperanza Mayorga a la Associated Press. “No le paraba el hipo, no dormía, sufría calambres, dolores de cabeza, perdió el apetito, vomitaba el agua y los alimentos que trataba de ingerir, se le ampollaron la boca y (tenía) todo el cuerpo reseco, perdía la vista, no podía orinar, se levantaba de pronto desesperado y al final hablaba sólo y deliraba”.

“Fue un infierno”, dijo la mujer, de 49 años.

Su cuerpo fue depositado en un ataúd rústico en el patio de su humilde vivienda en presencia de sus ocho hijos y una cincuentena de vecinos que lo velaron.

Al momento de morir, los trabajadores en el cañaveral seguían laborando con sus machetes. Durante se velorio, casi a media noche, los tractores del ingenio trabajaban recogiendo caña cortada y a lo lejos se escuchaba el constante rugir de los molinos y el resplandor de las luces de sus instalaciones en Chichigalpa, un pueblo de la región azucarera de Nicaragua donde uno de cada cuatro hombres presenta síntomas de una deficiencia renal crónica, según estudios médicos realizados.

Una misteriosa epidemia está devastando la costa pacífica de América Central. Ha matado a más de 24,000 personas en El Salvador y Nicaragua desde 2000 y afecta a otros en proporciones jamás vistas antes. Los científicos dicen tener informes de que el fenómeno se ha propagado desde el sur de México hasta Panamá.

La situación cobró una gravedad tal que la ministra de salud de El Salvador, María Isabel Rodríguez, pidió ayuda internacional el año pasado, diciendo que la epidemia desbordaba el sistema de salud.

“Es una enfermedad que viene sin aviso y cuando la descubren ya es tarde”, dijo Wilfredo Ordóñez recostado en una hamaca de su casa de la región del Bajo Lempa en El Salvador. El hombre comenzó a sentir los síntomas hace diez años, cuando tenía 38.

Ordóñez trabajaba 12 horas diarias en plantaciones de milpa, ajonjolí y arroz. Hoy sobrevive con tratamientos de diálisis que se aplica él mismo cuatro veces por día.

Muchas de las víctimas mortales eran obreros o peones de las plantaciones de azúcar que cubren buena parte de la zona costera. Pacientes, médicos y numerosos activistas dicen que los causantes del mal son las sustancias químicas que los trabajadores han usado por años sin ninguna de las protecciones comunes en los países desarrollados.

“Me ponía la mochila en el lomo y tiraba el veneno (herbicidas y pesticidas) sin ninguna protección, hasta una vez me cayó todo el veneno en el lomo “, dijo Ordoñez a la AP.

Hay indicios, no obstante, que sustentan una hipótesis más compleja e insospechada.

La raíz de la epidemia, según algunos científicos, parece yacer en la naturaleza del trabajo que hacían los afectados, campesinos, obreros de la construcción, mineros y otros que trabajaban hora tras hora sin beber suficiente agua bajo altas temperaturas, sometiendo a sus cuerpos a repetidas deshidrataciones e insolaciones. Muchos trabajaban desde los diez años.

La agotadora rutina parece ser uno de los detonantes de la deficiencia renal crónica, un mal asociado normalmente con la diabetes y la hipertensión, dos enfermedades que no aparecen en la mayoría de los pacientes centroamericanos.

“La evidencia refuerza esta idea del trabajo manual y una hidratación insuficiente”, dijo Daniel Brooks, investigador y profesor asociado de epidemiología de la Universidad de Boston, quien trabajó en una serie de estudios de este mal.

Dado que el trabajo duro y el calor intenso son fenómenos bastante comunes en América Central pero no todo el mundo contrae el mal, algunos investigadores no descartan factores de origen humano.

Pero, a su vez, no han surgido pruebas sólidas del papel de los pesticidas y otras sustancias químicas.

“Yo creo que todo indica que no son los pesticidas”, dijo la doctora Catharina Wesseling, una experta en epidemias y directora regional de Programa sobre Trabajo, Salud y Medio Ambiente de América Central. “Es demasiado multinacional y está muy esparcido. Yo apostaría por las reiteradas deshidrataciones, casi diarias. Eso es lo que pienso yo, pero no se ha demostrado nada”.

El doctor Richard J. Johnson, especialista en riñones de la Universidad de Colorado, en Denver, que trabaja con otros expertos que estudian el mal, también sospecha de la deshidratación.

“Es un concepto nuevo, pero hay alguna evidencia que lo respalda”, dijo Johnson. “Hay otras formas de lesionar los riñones: metales pesados, químicos, toxinas… Se ha considerado todo, pero no hay explicaciones firmes todavía para lo que sucede en Nicaragua. A medida que se agotan estas posibilidades, las deshidrataciones recurrentes suben en la lista”.

En Nicaragua la cantidad de muertes por la deficiencia renal crónica subió de 466 en 2000 a 1,047 en 2010, según la Organización Panamericana de la Salud. En El Salvador ese organismo registró un incremento parecido, de 1,282 casos en el 2000 a los 2,181 de 2010.

Más al sur, en las plantaciones de azúcar de Costa Rica, también se han registrado agudos aumentos en la incidencia del mal renal, según la médica Wesseling, al tiempo que las estadísticas del organismo panamericano indican que en el caso de Panamá las cifras están subiendo, aunque a un ritmo más lento.

El incremento en las estadísticas de la enfermedad podrían obedecer a que ahora se lleva mejor la cuenta de los casos, pero los científicos dicen que no hay dudas de que está ocurriendo algo mortal, algo que la medicina no conocía.

En naciones con sistemas de salud más avanzados, el mal que afecta la capacidad del riñón de limpiar la sangre es diagnosticado tempranamente y tratado con diálisis en clínicas. En América Central, muchas de las víctimas se tratan a sí mismas, en casa, con formas de diálisis más baratas y no tan eficientes, o siguen adelante sin diálisis.

En un hospital de la ciudad nicaragüense de Chinandega, Segundo Zapata, de 49 años, está sentado en su habitación, cabizbajo, cuando lo visitó un periodista de AP en enero.

“Ya no quiere hablar”, relató su esposa, Enma Vanegas, un año menor que él.

Sus niveles de creatinina, un químico que delata problemas renales, eran 25 veces los normales.

Su familia le dijo que lo hospitalizaban para que recibiese diálisis. En realidad, el objetivo era aliviarle el sufrimiento mientras esperaba la inevitable muerte, según Carmen Ríos, de la Asociación de Enfermos de Insuficiencia Renal de Nicaragua.

Zapata le imploró al fotógrafo de AP que lo llevara a su casa.

“Deja la cámara, toma una ametralladora y sácame de aquí a la fuerza”, le dijo.

El hombre murió el 26 de enero.

La doctora Wesseling, trabajando con científicos de Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, estudió a grupos de la costa y los comparó con grupos con hábitos de trabajo similares, que también estuvieron expuestos a pesticidas, pero trabajaban en zonas a por lo menos 500 metros (1.500 pies) sobre el nivel del mar.

Un 30% de los trabajadores de la costa tenían niveles elevados de creatinina, lo que es un fuerte indicio de que el causante del mal es el ambiente más que los agroquímicos, de acuerdo con el epidemiólogo Brooks. Se espera que el estudio en el que trabaja sea publicado en revistas médicas en las próximas semanas.

Brooks y Johnson, el especialista en riñones, dijeron que saben de casos parecidos en regiones agrícolas cálidas de Sri Lanka, Egipto y la costa este de la India.

“No sabemos qué tan esparcido está (la enfermedad)”, dijo Brooks. “Esta puede ser una epidemia que todavía no ha sido identificada plenamente”.

Jason Glaser, cofundador de una agrupación que ayuda a las víctimas del mal renal en Nicaragua, dijo que él y sus colegas también saben de casos ocurridos entre trabajadores de plantaciones de azúcar de Australia.

A pesar de que hay un consenso cada vez mayor entre los expertos, Elsy Brizuela, una doctora que trabaja con un programa salvadoreño que trata a los trabajadores e investiga la epidemia, da por descartada la teoría de las deshidratación e insiste en que “todos los afectados han trabajado expuestos a los venenos, a los herbicidas que se usan en los cañales”.

Las tasas más altas del mal renal que se registran en Nicaragua son las del Ingenio San Antonio, del Grupo Pellas, cuyos ingenios procesan casi la mita de la azúcar que produce el país. Flores y Zapata trabajaban en ese ingenio.

Según uno de los estudios de Brooks, hace unos ocho años la planta empezó a a ofrecer una solución electrolítica y galletitas con proteínas a los trabajadores. También comprobó que algunos trabajadores cortaban caña de azúcar nueve horas y media por día casi sin descansos, al sol, con temperaturas de 30 grados centígrados (87 Farenheit).

En 2006, la plantación, de propiedad de una de las familias más ricas del país, recibió 36.5 millones de dólares en préstamos de la Corporación Internacional de Finanzas, organismo afiliado al Banco Mundial, para la compra de más tierras, la expansión de su planta procesadora y la producción de más azúcar para el consumidor y para la producción de etanol.

En un comunicado, el organismo dijo que había examinado el impacto social y ambiental de sus préstamos y que había determinado que la deficiencia renal no está relacionada con las operaciones en la plantación.

De todos modos, la entidad dijo que “le preocupa este mal que afecta no solo a Nicaragua sino a otros países de la región y seguirá de cerca cualquier novedad”.

Ariel Granera, portavoz del Grupo Pellas, dijo que a partir de 1993 la empresa tomó medidas para aliviar la carga de sus trabajadores, como hacerlos comenzar sus turnos bien temprano en la mañana y darles muchos litros de agua por día.

Periodistas de AP vieron que los trabajadores traían botellas de agua de sus casas, que llenaban durante el día usando grandes cilindros llevados a los campos en busetas.

Glaser, cofundador de la Fundación La Isla en Nicaragua, grupo activista, dijo que las compañías ni el gobierno hacen cumplir las normas para proteger a los trabajadores, particularmente las relacionadas con suspender del trabajo a quienes padecen deficiencias renales dejen de trabajar en las plantaciones del Grupo Pellas y de otras empresas.

Muchos peones a los que se les encuentran altos niveles de creatinina siguen trabajando con otros contratistas, dijo Glaser. Algunos usan documentos falsos o las identificaciones de sus hijos sanos, quienes pasan los controles médicos y van a trabajar a los cañaverales, donde sus riñones se lesionan.

“Es el único trabajo que hay en este pueblo”, dijo. “Es lo único que saben hacer”.

El Ingenio San Antonio procesa la caña de más de 24,000 hectáreas, la mitad propias y el resto, mayoritariamente de campesinos independientes.

La agrupación que agrupa a los ingenios de Nicaragua dijo que el estudio de la Universidad de Boston confirmó que “la industria azucarera no es responsable de las insuficiencias renales” porque no hay forma de establecer a esta altura “un vínculo directo entre el cultivo de la caña de azúcar y la insuficiencia renal”.

Brooks, el epidemiólogo de la Universidad de Boston, destacó que el estudio simplemente dijo que no hay prueba científica firme de la causa, pero que todas las posibilidades siguen abiertas.

A diferencia de Nicaragua, donde miles de personas con trastornos renales trabajaban en grandes plantaciones, en El Salvador abundan los pequeños campesinos independientes. Ellos atribuyen el mal a los agroquímicos y casi nadie ha cambiado sus hábitos de trabajo como consecuencia de las últimas investigaciones, que no han recibido demasiada difusión en el país.

En Nicaragua el peligro es bien conocido, pero la gente del campo necesita trabajo. Zapata tenía ocho hijos, tres de los cuales trabajan en las plantaciones de azúcar.

Dos de ellos ya muestran síntomas de la enfermedad.

Por FILADELFO ALEMAN y MARCOS ALEMAN
A este reportaje contribuyeron Michael Weissestein desde Ciudad de México y Romina Ruiz-Goiriena, desde ciudad de Guatemala.

Imagen: En esta foto del viernes 20 de enero del 2012, un cortador de caña bebe agua durante una pausa en su trabajo en el ingenio azucarero de San Antonio en Chichigalpa, Nicaragua. Una epidemia misteriosa está devastando la costa del Pacífico en Centroamérica, donde ha matado a más de 24.000 personas en El Salvador y Nicaragua desde el 2000 y ha afectado a otros miles con una enferemedad renal crónica a una tasa no vista prácticamente en ningún otro sitio. Muchas de las víctimas eran trabajadores manuales o trabajadores en las plantaciones azucareras que abundan en las costas (AP Foto/Esteban Félix)

“Estamos trayendo el tema al debate. Hoy la reunión es para fortalecer los mecanismos para luchar en contra del crimen organizado. (Pero) mientras el consumo no se logre reducir, el problema (del tráfico de drogas) va a seguir” dijo el gobernante guatemalteco Otto Pérez Molina durante una conferencia de prensa conjunta.

El presidente salvadoreño Mauricio Funes dijo estar dispuesto a adherirse a esa propuesta.

“Como gobernante he dicho que estoy abierto a discutir y promover una discusión en mi país y sobretodo en la asamblea”, explicó Funes.

El mandatario salvadoreño visitó Guatemala para dar continuidad a los planes que se trazaron con el gobierno del ahora ex presidente Alvaro Colom.

Estados Unidos reaccionó en contra de los comentarios de Pérez sobre el tema del narcotráfico. En un comunicado, la sede diplomática indicó el domingo que hacerlo representaría “una amenaza a la salud y seguridad pública”.

Pérez Molina consideró el lunes “prematuro” el comunicado de la embajada estadounidense.

“Creo yo que Estados Unidos debe ser parte del debate y me sorprende que sea una respuesta tan prematura como si quisieran cortar esto antes de que llegue al debate y esto incluye a Estados Unidos en el debate”.

Según el mandatario guatemalteco, ya ha conversado del tema de la despenalización de las drogas con sus colegas Felipe Calderón de México y Juan Manuel Santos de Colombia. Hasta ahora no ha habido pronunciamiento de los gobiernos de esos países respecto a lo dicho por Pérez.

Sin embargo, Pérez parece determinado a llevar adelante esa idea, la cual dijo que propondrá en una cumbre de presidentes centroamericanos programada para el mes entrante en El Salvador. Cuando el sábado mencionó por primera vez el asunto en una emisora local, el presidente comentó que “no es una decisión solo de Guatemala, es una decisión regional”.

Pérez, un general retirado del ejército, basó la campaña electoral que lo llevó a la presidencia en la promesa de aplicar “mano dura” para aplacar la criminalidad rampante en el país.

El ministro de Gobernación, Mauricio López, otro ex militar, consideró que la propuesta de despenalizar las drogas que ahora plantea el mandatario no contraviene esa enfoque de “mano dura”.

“Si miramos… en nuestras cárceles están llenas de personas (detenidas) por el simple hecho de poseer drogas. Es un tema que proporciona corrupción y no soluciona el problema”, señaló López.

Recientemente dijo en una entrevista que la cita binacional de la jornada “es muy importante establecer toda la mecánica de relaciones de comunicación y coordinación que nos permite tener una agenda conjunta en términos de lucha contra el crimen organizado”.

“Manejamos muchos puntos de una misma agenda con El Salvador dada la porosidad de nuestras fronteras”, explico el funcionario.

Pérez Molina ha culpado a los carteles de drogas por los altos índices de violencia en Guatemala, un país de 13 millones de habitantes invadido por las pandillas y los carteles de drogas mexicanos con una tasa de homicidios de 41 por cada 100.000 habitantes según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, casi tres veces mayor que la del vecino México.

Autoridades estadounidenses y guatemaltecas informaron recientemente que habían encontrado evidencias de que el cartel de Sinaloa ha extendido sus operaciones de producción de metanfetaminas hacia Guatemala. En Guatemala también opera el grupo de narcotraficantes mexicanos conocido como Los Zetas.

Por ROMINA RUIZ-GOIRIENA

Foto: Los presidentes de Guatemala Otto Pérez Molina, derecha, y de El Salvador Mauricio Funes se estrechan las manos después de una conferencia de prensa donde hablaron de temas sobre seguridad regional y como coordinar la lucha contra el crimen organizado en la ciudad de Guatemala, el lunes 13 de febrero del 2012. Pérez ha culpado a los carteles del narcotráfico de los altos niveles de violencia en este país de 13 millones de habitantes plagado de pandillas y narcotraficantes mexicanos, con una tasa de 41 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi tres veces superior a la del vecino México. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Sherman llegó la víspera para una visita de un día y discutir preparativos de la próxima Cumbre de las Américas, que se realizará en el balneario caribeño colombiano de Cartagena el 14 y 15 de abril.

La idea de que Obama abandonó la región “creo que es una percepción equivocada”, dijo Sherman en una entrevista publicada el martes en el diario El Tiempo.

Prueba de que no hay tal abandono es que Obama ha visitado la región y la Secretaria de Estado Hillary Clinton ha estado en Latinoamérica 24 veces visitando 18 distintos países, agregó.

“América Latina y el hemisferio occidental resultan claves para los intereses de Estados Unidos, no solo los de seguridad nacional, sino los económicos, los políticos, los de seguridad tradicional y, en general, los de desarrollo sostenible en todo el mundo”, dijo Sherman, quien partió el martes temprano rumbo a México.

La idea del ‘abandono’ de Washington a la región ha partido de analistas y dirigentes empresariales, principalmente, al asegurar que el gobierno de Obama no hace ahora tanta presencia política ni económica en lo que fue considerado su tradicional área de influencia.

Al ser consultada por el diario sobre cómo reciben en Washington expresiones a favor de la legalización de las drogas, incluso hechas por el presidente colombiano Juan Manuel Santos, la funcionaria estadounidense aseguró que las respetan, pero no las comparten.

“Aprecio que los presidentes digan lo que piensan y respeto, por supuesto, sus puntos de vista. Desde la perspectiva estadounidense, el presidente Obama no apoya la legalización. Lo que sí apoyamos es la intensa relación de trabajo que tenemos con Colombia y con el presidente Santos en el propósito de librarnos de este mal”, dijo.

Colombia se mantiene como el mayor productor de la hoja de coca, con 62,000 hectáreas reportadas en 2010, pero seguida de cerca por Perú con 61,200 hectáreas, según el más reciente informe de las Naciones Unidas sobre cultivos en la zona andina, revelado a mediados del 2011.

La divulgación del plan será una tarea de la comisión interinstitucional encargada del voto en el exterior, que está formada por representantes de áreas como la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Tribunal Supremo Electoral, señaló.

“La propuesta sería presentada a la comisión en los primeros días de marzo”, dijo García en una entrevista con The Associated Press. “Creemos que entonces estaremos en posibilidad de también presentar esta propuesta a la comunidad salvadoreña (en el exterior) para que participe”.

En las siguientes semanas, el gobierno también anunciará sus planes para emitir carnés de identificación en sedes diplomáticas en el extranjero. Estos documentos, necesarios para poder votar, son actualmente expedidos desde El Salvador.

“Esta propuesta ya está elaborada. Unicamente falta que lo apruebe la junta directiva del Registro Nacional de las Personas Naturales, que espero sea muy pronto, ojalá esta semana, para que podamos entonces anunciar el mecanismo, la modalidad y la extensión geográfica (de esta propuesta)”, agregó.

El derecho al voto es la tercera prioridad de los salvadoreños en el exterior, de acuerdo con García. La segunda es la economía y seguridad y la primera es la inmigración.

Un reciente sondeo interno de unos 3.600 salvadoreños en Estados Unidos y Canadá arrojó que el 60% de ellos tiene mucha o algo de disposición para votar desde el extranjero, agregó García.

“El 42% de los encuestados dijo que votaría por los vínculos fuertes que tiene con su país, como familia, negocios, inversiones o porque no han perdido su identidad”, explicó.

El presidente Mauricio Funes ha dicho que todos los salvadoreños en el extranjero deben poder votar en la elección del 2014.

García está de visita oficial en Los Ángeles junto con la primera dama y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato.

Por E.J. TÁMARA

El informe de la Gerencia de Estudios y Estadísticas Económicas del BCR, señaló que el flujo de inversión, durante el período, “incluye 395.2 millones de dólares en reservas, acciones y otras participaciones de capital, más 146.5 millones por concepto de préstamos entre empresas”.

El aumento equivale a 570.81% superior al registrado entre enero y septiembre de 2011.

En cuanto al país de procedencia, el informe destacó que 255.7 millones de dólares llegaron procedentes de inversiones de Panamá, de los Estados Unidos hay inversiones por 107.9 millones, y de Costa Rica 60.3 millones.

Las actividades que captaron más recursos en dicho período son: la industria manufacturera que captó 368.9 millones de dólares; el comercio al por mayor y menor, que recibió 109.9 millones; y las actividades financieras y de seguros con 50 millones.